El debate que abrió Figueroa y que ahora se volvió obligatorio
“Si consideran votar esa ley, yo seré el primero en someterme voluntariamente para que me realicen ese test”, dijo el gobernador Rolando Figueroa en su discurso del 1 de marzo. Lo que comenzó como una invitación se transformará pronto en una obligación legal: la Legislatura neuquina avanza con rapidez en un proyecto que impondría controles toxicológicos a integrantes de los tres poderes del Estado.
Los cinco proyectos que se analizan en la comisión de Desarrollo Humano y Social coinciden en el núcleo: someter a funcionarios públicos a exámenes de detección de consumo de sustancias psicoactivas, de manera obligatoria y aleatoria. El objetivo: garantizar que quienes toman decisiones clave estén "limpios".
Narcotests obligatorios: a quiénes alcanzaría
La iniciativa más respaldada —con firma de Francisco Lépore, Claudio Domínguez y Carina Ricomini— propone controles antes de asumir el cargo y durante la función, con una frecuencia mínima de tres veces por año. Abarcaría al gobernador, ministros, funcionarios hasta rango de director, legisladores, jueces, fiscales, defensores, policías y penitenciarios. Se invitaría también a los municipios a adherir a la medida.
"¿Cómo puede ser que a un operario de una empresa le pidamos un toxicológico y a quienes toman decisiones del Estado no?", cuestionó Lépore en una entrevista con AM550. “Nos parecía que si la provincia combate el narcomenudeo, quienes gobiernan no pueden tener vínculos con el consumo”, añadió.
Las diferencias entre los proyectos: castigos y enfoque
Las diferencias más marcadas entre las propuestas están en las sanciones y en el tratamiento de los casos positivos.
El oficialismo propone un enfoque de salud pública. Si un test da positivo, el funcionario entra en licencia sin goce y debe someterse a un tratamiento. La decisión final quedaría a cargo de una Comisión Evaluadora del Ministerio de Salud. Si no hay rehabilitación, se abre el proceso de remoción.
En cambio, el proyecto del PRO, impulsado por Marcelo Bermúdez, propone sanciones inmediatas: suspensión sin goce de sueldo y posible destitución tras sumario administrativo. Su propuesta también incluye a directivos de empresas estatales, y limita el enfoque a una política de tolerancia cero.
Peralta y Martínez, por su parte, agregan un matiz intermedio: test anual y aleatorio, y tratamiento obligatorio en caso de resultado positivo. Si hay reincidencia o negativa injustificada, el funcionario podría ser removido del cargo.
El lado oscuro del poder: confidencialidad y polémicas que se vienen
Uno de los puntos más sensibles es la confidencialidad. Aunque todos los proyectos garantizan el carácter privado del resultado, hay grises. En varios de los textos, un positivo derivaría automáticamente en suspensión, lo que volvería pública la situación del funcionario.
El debate ya genera incomodidad entre sectores del poder político y judicial. ¿Qué pasará si un vocal del TSJ da positivo? ¿Y si un ministro se niega a hacerse el test?
El propio Lépore advirtió que no puede haber excepciones: "Si alguien se niega, será como si hubiese dado positivo. Y tendrá consecuencias".