El sector ganadero patagónico se prepara para una semana clave en su resistencia a la flexibilización de la barrera sanitaria. La Federación de Sociedades Rurales presentará una impugnación administrativa contra la Resolución 180, mientras que distintas entidades locales impulsarán medidas cautelares ante juzgados federales cercanos a sus sedes.
La estrategia fue consensuada tras una reunión provincial y busca frenar el ingreso de carne con hueso desde el norte del país, en defensa del estatus sanitario diferencial que ostenta la región. Las sociedades rurales argumentan que la resolución contradice normativas previas que exigen resguardar áreas libres de fiebre aftosa sin vacunación.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al riesgo sanitario. Un informe técnico, avalado por veterinarios de la provincia, pone en duda la afirmación de que el peligro de propagación de aftosa sea ínfimo, y sostiene que la vacunación vigente en el resto del país contradice esa valoración.
En el plano jurídico, las entidades apuntan a la omisión de procedimientos de participación pública que estarían exigidos por la normativa vigente. Alegan que ni el proceso de consulta interna ni la consulta pública internacional contemplada por resoluciones del SENASA fueron aplicados al momento de emitir la Resolución 180.
La ofensiva legal se basa también en la reciente incorporación del artículo 8º bis a la Ley de Procedimiento Administrativo, introducido por la Ley Bases, que obliga a los organismos estatales a convocar instancias de consulta pública cuando se trata de regulaciones que afectan a usuarios y productores.
El campo patagónico considera que el conflicto podría extenderse por un largo período, durante el cual las medidas judiciales podrían suspender la aplicación efectiva de la norma. Confiados en que la vía judicial les permitirá ganar tiempo, los ruralistas se enfocan en mantener el statu quo y obligar al gobierno nacional a cumplir con los pasos legales omitidos.