Mañana es posible que se prohíba, en el Parlamento francés, el acceso a redes digitales (sociales) a las personas menores de 15 años, después de confirmar científicamente que producen serios problemas, como la adicción, la baja autoestima, ciber acoso, y hasta suicidios.
Aquí, en Argentina, y en Neuquén, el tema no se ha soslayado, pero, al menos por ahora, se ha reducido a la prohibición (o limitación, en realidad) del uso de celulares en las aulas de las escuelas; cuestión que en otros países -como Francia- también se había resuelto. Los motivos sobran, los diagnósticos se hacen, pero no hay todavía mayoría como para poner mano más decidida y firme en el tema.
En Neuquén, la limitación del uso de celulares en las escuelas rige por la Ley 3520. La norma alcanza tanto a establecimientos de gestión estatal como privada. El principal objetivo de la medida es disminuir las distracciones en clase, incentivar la socialización presencial y resguardar la salud mental de los alumnos.
La cuestión es seria. Se ha probado que el uso desmedido de redes digitales puede producir un deterioro de la salud mental. Las agencias de salud en Francia han asociado el uso excesivo de pantallas con un incremento en casos de ansiedad, depresión y aislamiento en jóvenes de 13 y 14 años.
También, el gobierno denunció que plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat utilizan funciones de "desplazamiento infinito" (infinite scrolling) y notificaciones constantes diseñadas para “enganchar los cerebros en desarrollo de los menores”. Todo eso causa trastornos del sueño y de atención, pues la exposición nocturna y continua a los dispositivos “afecta gravemente los ciclos de descanso, la concentración escolar y el rendimiento académico de los adolescentes”.
La ley que se aprobaría mañana en Francia viene de un debate que se intensificó tras demandas de familias francesas que vincularon contenidos dañinos con suicidios: no hay aquí exageraciones, sino una tremenda constatación.
Así, las plataformas digitales tendrán que aplicar sistemas estrictos de verificación de edad (validados por los reguladores de privacidad) para impedir que los menores de 15 años abran cuentas. La verificación recae sobre las empresas y no sobre las familias. El incumplimiento de estas normas contempla sanciones financieras de hasta el 1% de la facturación global de las compañías tecnológicas.
