La imputación del intendente de Plottier, Luis Bertolini, abrió una causa que pone bajo análisis el manejo de contrataciones públicas durante su gestión. Con los cargos ya formulados y la investigación en marcha, el expediente dejó una serie de datos concretos que permiten entender qué se investiga, cómo habría funcionado el esquema y qué puede pasar en los próximos meses.
Un número que explica la magnitud
Uno de los puntos centrales de la acusación es la cantidad de contratos involucrados: al menos 160 adjudicaciones otorgadas entre enero de 2024 y marzo de 2026.
El monto total supera los 2.300 millones de pesos.
Para la fiscalía, no se trata de decisiones aisladas sino de un mecanismo que se sostuvo en el tiempo.
Cómo se repetía el circuito
Según la investigación, el proceso comenzaba en distintas áreas del municipio, que generaban pedidos de compras o servicios.
Esos trámites pasaban por la subsecretaría de Hacienda y luego por el área de compras, donde —siempre según la acusación— se invitaba a cotizar a los mismos proveedores.
El resultado se repetía: en muchos casos había una sola oferta o las demás eran descartadas, y los contratos terminaban en manos de las mismas personas.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli sostuvo que los funcionarios “intervinieron de forma deliberada en los procesos de contratación del municipio para beneficiar” a esos proveedores.
Las irregularidades señaladas
La fiscalía enumeró prácticas que, según expuso, se reiteraron en distintos expedientes:
- Falta de publicidad en las convocatorias
- Ausencia de competencia real
- Contrataciones directas sin justificar urgencias
- Adjudicaciones sin fundamentos claros
- Pagos sin constancias de recepción
Estos elementos son los que sostienen la hipótesis de una maniobra coordinada.
Quiénes están imputados y por qué
La imputación alcanza a Bertolini y a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, como coautores del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Los dos proveedores mencionados en la causa fueron imputados como partícipes necesarios.
La acusación es provisoria y deberá sostenerse con pruebas durante la investigación.
Qué dijo la Justicia
La jueza de garantías Carina Álvarez validó la formulación de cargos y permitió que el expediente avance.
“Hay evidencia en cantidad y calidad para tener por formulados los cargos”, afirmó.
Además, declaró el caso como complejo, lo que habilita un plazo de seis meses para reunir pruebas.
Qué implica que sea un “caso complejo”
La decisión de la jueza de garantías Carina Álvarez de declarar la causa como compleja no es un detalle técnico menor.
Significa que la investigación requiere más tiempo y recursos que un expediente común, por la cantidad de hechos, el volumen de documentación y el tipo de delito que se analiza.
En este caso, la fiscalía explicó que todavía resta:
- Analizar dispositivos secuestrados
- Revisar la totalidad de los expedientes administrativos
- Tomar declaraciones a empleados municipales
- Investigar movimientos bancarios con equipos técnicos especializados
Con esta calificación, el plazo de investigación se fijó en seis meses.
Los intentos de la defensa
Antes de que se confirmaran los cargos, la defensa del intendente buscó apartar al fiscal y cuestionó los allanamientos.
Ambos planteos fueron rechazados.
La jueza señaló que el pedido contra el fiscal fue presentado fuera de tiempo y que no se acreditó perjuicio para anular las medidas.
“Si no hay agravio, la nulidad no puede prosperar”, sostuvo.
Qué puede pasar ahora
La causa entra en una etapa clave: análisis de documentación, revisión de expedientes administrativos, estudio de movimientos bancarios y toma de testimonios.
La fiscalía advirtió que existe “un serio riesgo de entorpecimiento”, por la posibilidad de influir en testigos o afectar pruebas, y pidió medidas cautelares. La prisión domiciliaria aparece como una incógnita, que la jueza resolvería este jueves.
El expediente ya tiene un volumen importante y un esquema bajo sospecha claramente delimitado. Lo que sigue es determinar si esos elementos alcanzan para sostener la acusación en las próximas etapas.
