La escena judicial fue tensa, técnica y, por momentos, reveladora. Pero si hubo un concepto que sintetizó el corazón de la acusación fue uno que repitió el jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, casi con asombro: un proveedor que hacía de todo. Literalmente.
“Lo contrataron para pintar una senda peatonal, para proveer agua mineral, para barrer calles y hasta para medicación veterinaria”, describió en diálogo con el programa Entretiempo por AM550. La frase no fue un detalle menor ni un recurso retórico: es, según la fiscalía, una de las claves que permite entender cómo habría funcionado el esquema que hoy tiene imputados al intendente de Plottier, Luis Bertolini, y a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez.
La investigación, que ya fue avalada en esta etapa inicial por la jueza de garantías Carina Álvarez, sostiene que no se trató de irregularidades aisladas, sino de un sistema montado para direccionar contrataciones públicas de manera sostenida en el tiempo.
El “multiproveedor” que encendió las alarmas
En la reconstrucción que hizo la fiscalía, hay un punto de quiebre: la aparición del proveedor, el empresario Pedro Vilches. Hasta el inicio de la gestión actual, aseguran, no tenía antecedentes como proveedor municipal.
“Todos los testigos del área de compras dijeron lo mismo: Vilches no existía como proveedor antes de esta gestión”, explicó Vignaroli. Y a partir de ahí, según la acusación, ocurrió algo más significativo: comenzó a ser invitado sistemáticamente a cotizar en prácticamente todas las contrataciones, sin importar el rubro.
Para los investigadores, ese dato no es anecdótico, sino estructural. “Sin ese paso previo, que era invitarlo, no se podía concretar el resto del circuito”, sostuvo el fiscal. Es decir: la invitación era la puerta de entrada a un esquema que luego se completaba con la adjudicación y el pago.
La lógica, según la hipótesis fiscal, era clara: garantizar su participación para luego direccionar la contratación.
“Lo contrataron para pintar una senda peatonal, para proveer agua mineral, para barrer calles y hasta para medicación veterinaria”, describió Vignaroli en diálogo con el programa Entretiempo por AM550.
Un circuito aceitado
La mecánica, reconstruida a partir de expedientes y testimonios, comenzaba con pedidos de distintas áreas del municipio. Esos requerimientos eran canalizados por la subsecretaría de Hacienda y, desde allí, derivaban al área de compras.
En ese punto, según la acusación, se repetía el patrón: los mismos proveedores eran convocados a cotizar. Muchas veces, incluso, sin competencia real.
“Entendemos que hay todo un sistema montado para beneficiar en las contrataciones a Vilches y a sus socios”, afirmó Vignaroli.
El circuito se cerraba con la firma de las resoluciones por parte del intendente, la emisión de órdenes de compra desde Hacienda y, finalmente, los pagos.
El volumen económico también es parte central del expediente. De acuerdo con un informe contable preliminar, analizado sobre 160 expedientes secuestrados, el monto total de contrataciones asciende a más de 2.300 millones de pesos.
Los números de la causa
El volumen económico también es parte central del expediente. De acuerdo con un informe contable preliminar, analizado sobre 160 expedientes secuestrados, el monto total de contrataciones asciende a más de 2.300 millones de pesos.
“Ya se abonó más de la mitad de ese monto”, detalló el fiscal, lo que —según la investigación— da cuenta de la magnitud del flujo de dinero involucrado.
Con estos elementos, la jueza consideró que existe “evidencia en cantidad y calidad” suficiente para formalizar los cargos. La causa fue calificada como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado.
Además, el expediente fue declarado complejo, lo que habilita un plazo de seis meses para profundizar la investigación: análisis de dispositivos electrónicos, revisión integral de expedientes, peritajes contables y seguimiento de movimientos bancarios.
En paralelo, la fiscalía avanzó con pedidos de medidas cautelares. Para Bertolini, solicitó prisión domiciliaria; para Ramírez, restricciones de contacto y de acceso al municipio.
“Hoy quedaron planteados los pedidos y la jueza se tomó un tiempo prudente para resolver”, explicó Vignaroli. La definición se conocerá en una nueva audiencia.
Un caso que recién empieza
Más allá de lo resuelto hasta ahora, la causa abre interrogantes más amplios sobre el funcionamiento del Estado municipal. La figura del “multiproveedor” —ese actor que aparece de golpe y participa en todo— no solo es un elemento llamativo, sino, para la fiscalía, la evidencia de un mecanismo sistemático.
El expediente recién comienza a desplegarse. Detrás de los números, los expedientes y las firmas, lo que se investiga no es solo un conjunto de contrataciones, sino la lógica misma con la que se administraron.
