La Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén intimaron al gremio UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) a asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales en hospitales y centros sanitarios de la provincia, en medio del quite de colaboración iniciado el pasado 7 de mayo. La medida apunta especialmente a garantizar la entrega de medicamentos, el cumplimiento de turnos programados y las prestaciones médicas que no pueden interrumpirse.
La situación se volvió especialmente sensible tras un episodio registrado en la farmacia del Hospital Provincial Castro Rendón, donde se le habría negado la entrega de medicación a una persona inmunosuprimida, una condición médica que implica un riesgo elevado frente a infecciones y que puede agravarse rápidamente si se interrumpen tratamientos esenciales.
Desde el Gobierno provincial sostuvieron que el derecho a huelga debe respetarse, pero remarcaron que “no puede poner en juego la salud y la vida de la población”. Mientras tanto, el conflicto gremial sumó un nuevo capítulo: las autoridades evalúan una denuncia penal por presunto entorpecimiento del desarrollo laboral.
La intimación al gremio y los puntos críticos
La notificación enviada por Trabajo y Salud exige a UPCN garantizar la continuidad de áreas consideradas esenciales dentro del sistema sanitario.
Entre los puntos centrales del requerimiento oficial figuran:
- No obstaculizar el funcionamiento de las farmacias hospitalarias, asegurando la provisión de medicamentos y tratamientos.
- Respetar los derechos de terceros, evitando acciones que afecten a pacientes ajenos al conflicto gremial.
- Mantener guardias, emergencias y terapias intensivas con planteles mínimos suficientes para sostener la atención.
El Gobierno advirtió que cualquier interrupción en estos sectores puede tener consecuencias directas sobre personas con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos, trasplantados o personas bajo tratamientos permanentes.
El caso que encendió la alarma sanitaria
El episodio ocurrido en el Hospital Castro Rendón fue uno de los factores que aceleró la intervención oficial.
Según el Ministerio de Salud de Neuquén, una persona inmunosuprimida no recibió su medicación en la farmacia hospitalaria. Se trata de pacientes con el sistema inmunológico debilitado —por trasplantes, quimioterapia o enfermedades crónicas— cuya estabilidad depende de tratamientos estrictos y continuos.
La interrupción de medicamentos en estos casos puede derivar en riesgos severos para la salud e incluso situaciones de peligro de vida, motivo por el cual el Estado calificó el hecho como de máxima gravedad.
¿Por qué el Gobierno considera improcedente la medida?
Tanto la Subsecretaría de Trabajo como el Ministerio de Salud rechazaron formalmente los fundamentos del quite de colaboración impulsado por el gremio UPCN.
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que “no existen incumplimientos reales por parte del Estado”, argumento con el que consideran improcedente la protesta sindical en los términos planteados.
Esta postura endureció el escenario de negociación y dejó al conflicto en una etapa de mayor tensión institucional.
Una denuncia penal bajo evaluación
Además de la intimación, el Gobierno informó que analiza presentar una denuncia penal por entorpecimiento del desarrollo laboral.
La evaluación surge a partir de situaciones registradas en la sede del Centro Administrativo Ministerial (CAM) y en distintos hospitales, donde —según indicaron fuentes oficiales— el accionar gremial habría afectado el normal funcionamiento administrativo y sanitario.
De avanzar, el conflicto podría trasladarse del plano sindical al ámbito judicial, elevando aún más la presión sobre las partes.
