La investigación por la filtración del recibo de sueldo de Alberto Weretilneck en Casa de Gobierno terminó archivada y sin un responsable penal determinado porque la Fiscalía quedó apartada por decisión judicial y el señalado como afectado directo, el gobernador, no avanzó con una acción privada para continuar el proceso. Así, el expediente que comenzó con una denuncia oficial, una investigación técnica de Altec y hasta la identificación de un supuesto responsable quedó frenado por una cuestión procesal y sin nadie condenado por el acceso a la información.
La historia había comenzado a fines de junio, cuando parte del legajo personal del gobernador, incluido su recibo de sueldo, apareció en dependencias de la propia Casa de Gobierno. El episodio fue denunciado como un "hackeo" y el Gobierno provincial habló de una filtración de información reservada de sus sistemas informáticos. En aquel momento, además, en la presentación judicial hubo un agente público señalado como supuesto responsable.
A partir de allí entró en escena Altec. La empresa tecnológica intervino para determinar cómo se había producido el acceso y se logró establecer cuál había sido el equipo utilizado. La computadora fue retirada de Casa de Gobierno y posteriormente quedó incorporada a las medidas de investigación. También hubo testimoniales y entrevistas con técnicos vinculados al sistema informático provincial.
Pero el expediente empezó a trabarse cuando la defensa del único acusado cuestionó que la Fiscalía tuviera facultades para impulsar la investigación. El planteo era concreto: los artículos 153 bis y 157 bis del Código Penal, utilizados para encuadrar el acceso ilegítimo al sistema y a los datos personales, debían considerarse delitos de acción privada. Si esa interpretación prosperaba, el Ministerio Público no podía continuar de oficio y la pelota quedaba en manos del afectado.
La Fiscalía se opuso. La fiscal Yanina Estela Passarelli, que no tuvo en cuenta el tipo de delito y la acción, incistió en que se trataba de delitos de acción pública y que, por lo tanto, correspondía mantener la investigación penal. Sin embargo, el juez Adrián Dvorzak terminó aceptando la interpretación de la defensa. Para el magistrado, las figuras investigadas quedaron comprendidas dentro de los delitos vinculados con la violación de secretos y la privacidad y requerían la iniciativa del perjudicado.
Después vino el último intento de la Fiscalía. Passarelli cuestionó la decisión y buscó mantener abierta la investigación, pero Dvorzak declaró inadmisible formalmente el planteo. El juez entendió que las críticas formuladas no alcanzaban para demostrar una afectación concreta de derechos ni la arbitrariedad de su resolución. Con esa decisión quedó firme el criterio que había apartado al Ministerio Público y el expediente penal terminó archivado.
Y ahí aparece la parte más llamativa de la historia: quien denunció el hackeo era también quien debía asumir ahora el impulso de la acción como afectado particular. Weretilneck podía continuar el reclamo judicial por esa vía, pero hasta el momento no avanzó con esa instancia. La Fiscalía tampoco seguiría insistiendo para recuperar su intervención. El resultado es que una investigación que había comenzado desde el propio Gobierno provincial quedó detenida justamente cuando la continuidad pasó a depender de la decisión personal del gobernador.
El expediente, de todos modos, no estableció que el acceso ilegal nunca haya ocurrido. Dvorzak dejó expresamente afuera del análisis la cuestión de fondo: no determinó si existió el acceso ni quién fue responsable. Tampoco hubo una absolución. Lo que se cerró fue la vía de persecución penal impulsada por la Fiscalía.
