La Justicia hizo lugar al planteo de la defensa del acusado por el acceso al sistema informático del Gobierno de Río Negro que permitió obtener el recibo de sueldo de Alberto Weretilneck y resolvió que la Fiscalía no puede continuar investigando el caso de oficio.
El juez Adrián Dvorzak consideró que los hechos deben avanzar por la vía de una acción privada, una decisión que cambia el escenario de la causa y que ya fue cuestionada por la fiscal Yanina Estela Passarelli, quien anticipó que intentará revertirla.
La resolución llegó este lunes, después del cuarto intermedio dispuesto en la primera audiencia judicial realizada la semana pasada. En aquella oportunidad, la defensa había puesto sobre la mesa una discusión que ahora terminó inclinando la balanza: si el Ministerio Público Fiscal estaba habilitado para investigar de oficio o si, por el tipo de delitos atribuidos, era necesario que la persona afectada impulsara personalmente la acusación.
El juez Dvorzak aceptó el planteo presentado por el abogado Santiago Güenumil. En sus fundamentos, sostuvo que los hechos investigados quedan comprendidos dentro de los delitos vinculados con la violación de secretos y privacidad y que, de acuerdo con el artículo 73 del Código Penal, corresponden a una acción privada, salvo determinadas excepciones que, según explicó, no fueron contempladas por el Ministerio Público Fiscal.
¿Qué significa que una causa de instancia privada?
En términos sencillos, significa que el Estado, a través de la Fiscalía, no puede avanzar por su propia iniciativa como ocurre con los delitos de acción pública. Para que la Justicia pueda continuar con la persecución penal, debe existir un impulso de la persona que tiene derecho a promover la acusación. En este caso, de mantenerse la resolución de Dvorzak, sería Weretilneck quien debería avanzar por esa vía, acompañado por un abogado particular.
No se trata, sin embargo, de una declaración de inocencia ni de una resolución que diga que el acceso al sistema fue legal. Tampoco significa que la Justicia haya determinado que nadie ingresó indebidamente a la información del Gobierno. El juez resolvió una cuestión procesal: quién está habilitado para impulsar la investigación penal y de qué manera.
Ese detalle es clave porque la causa ya tiene un acusado. La investigación se inició después de que el Gobierno provincial denunciara el acceso a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública, entre ella información correspondiente a recibos de sueldo de funcionarios y del propio gobernador.
Además, la causa ya había llegado a una instancia judicial en la que la defensa había comenzado a cuestionar otro de los puntos sensibles del expediente: la prueba informática.
La computadora considerada clave para reconstruir el supuesto acceso al sistema fue retirada de Casa de Gobierno, intervenida inicialmente por técnicos de ALTEC y posteriormente secuestrada formalmente por la Fiscalía. Ese recorrido ya había sido señalado por la defensa como uno de los puntos que pretende discutir cuando se analice el valor de los peritajes.
Pero ahora apareció un problema todavía más grande para la acusación: la propia continuidad de la investigación quedó en discusión.
La fiscal Passarelli no aceptó la interpretación del magistrado. Durante la audiencia sostuvo que el hecho debe ser encuadrado en el artículo 153 bis del Código Penal, que contempla el acceso ilegítimo a un sistema o dato informático.
Según explicó, esa figura contempla especialmente los casos en los que el acceso afecta a un organismo público.
Por eso, la Fiscalía prepara una nueva batalla judicial. Passarelli anunció que presentará una revocatoria y dejó planteada la posibilidad de impugnar la resolución, al considerar que la decisión no respondió de manera completa a los argumentos expuestos por el Ministerio Público.
