En estos días en que se ventiló, en tribunales argentinos, en una audiencia del juicio oral por el caso Cuadernos, que el exgerente administrativo de la empresa Techint, Héctor Zabaleta, le pagó al ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta una coima cercana al millón de dólares, vale la pena recordar lo que fue el mayor escándalo de corrupción europea del siglo XX, entre una empresa estadounidense y el príncipe de los Países Bajos (entonces, Holanda).
Como se sabe, en esta semana, durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal 7, el exdirectivo Zabaleta reconoció la entrega de paquetes con dinero en efectivo, entre 900 mil y un millón de dólares, que coinciden exactamente con las fechas y ubicaciones registradas por el exchofer Oscar Centeno en sus anotaciones en los ya famosos cuadernos, que para la justicia son concretos y reales, y para la política todavía no, ya que el kirchnerismo niega tal existencia y aduce inventos y fabulaciones.
Lo que sucedió en Argentina no es original, no es nuevo. El antecedente más parecido en cuanto a la cantidad de dinero, y la modalidad empresaria-Estado, ocurrió a finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo pasado, cuando la empresa aeroespacial estadounidense Lockheed buscaba vender su avión de combate F-104 Starfighter a los países de la OTAN.
Para asegurar el contrato con la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, Lockheed buscó un intermediario con conexiones al más alto nivel militar y político, y encontró, muy predispuesto, al príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, esposo de la reina Juliana, y funcionario habilitado oficialmente para buscar contratos comerciales para el país.
Entre 1960 y 1962, la empresa estadounidense le transfirió 1,1 millón de dólares, a través de cuentas secretas, radicadas en Suiza. El objetivo era que el príncipe presionara al gobierno holandés para comprar el Starfighter, en lugar de su competidor francés, el Dassault Mirage.
El secreto se mantuvo oculto por más de una década, hasta 1976. Un comité del Senado de los Estados Unidos (el Comité Church) investigó los pagos ilegales de empresas estadounidenses en el extranjero, y durante esas audiencias públicas, salieron a la luz los documentos (cartas) que vinculaban directamente al príncipe Bernardo con los pagos, bajo la alfombra, de Lockheed.
El descubrimiento desató una descomunal crisis institucional en los Países Bajos, donde la ética en la función pública tiene una larga y sólida fama. El primer ministro Joop den Uyl ordenó una investigación exhaustiva. La reina Juliana, en contraposición, amenazó con abdicar si su esposo era procesado penalmente.
Para salvar la monarquía, el gobierno decidió no juzgar penalmente al príncipe. A cambio del favorcito, Bernardo tuvo que renunciar a todos sus cargos militares, uniformes y puestos en consejos de administración médica y comercial.
El príncipe negó los hechos, públicamente, hasta el fin de su vida. Sin embargo, en una entrevista publicada en 2004, pocos días después de su muerte, admitió (post mortem) haber aceptado el dinero de Lockheed.
Aquí, en Argentina, no existe semejante convulsión institucional. Se acepta con naturalidad que se hayan pagado coimas a funcionarios, e, incluso, existe una especie de certidumbre de que la práctica continúa, en distintos niveles. Quien era presidente del país cuando ocurrieron estos hechos, Cristina Fernández de Kirchner, está presa en su departamento, condenada a seis años de prisión.
Una parte de la sociedad todavía la considera una heroína popular, injustamente castigada. Baratta también está preso, lo mismo que una larga lista de personas que eran funcionarios durante buena parte de las dos décadas en las que gobernaron los Kirchner.
