Carlos Rozanski supo ocupar un lugar central en la escena judicial argentina cuando, al frente del Tribunal Oral Federal N 1 de La Plata, encabezó juicios históricos por delitos de lesa humanidad. Su nombre quedó asociado a la condena del represor Miguel Etchecolatz en 2006, en lo que fue uno de los primeros procesos tras la anulación de las leyes de impunidad. Sin embargo, aquel reconocimiento inicial con el tiempo comenzó a diluirse en medio de fuertes cuestionamientos.
En octubre de 2016, acorralado por el Consejo de la Magistratura, que avanzaba hacia un juicio político en su contra, Rozanski presentó su renuncia. Estaba siendo investigado por supuesto mal desempeño de sus funciones, con eje en denuncias por maltrato laboral hacia el personal a su cargo. La acusación había sido impulsada por el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato (quien no está de más recordarlo había sido víctima de la represión en las protestas de diciembre de 2001, en la ciudad de Buenos Aires).
El magistrado intentó defenderse denunciando una supuesta persecución en su contra. Incluso acusó a los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación de “resucitar” una denuncia que, según él, estaba archivada, y apuntó contra Piumato por agravios y amenazas. Aun así, el avance del proceso disciplinario resultó determinante y terminó por precipitar su salida del cargo, que fue finalmente aceptada por el gobierno nacional que conducía Mauricio Macri.
Rozanski argumentó que su decisión respondía a su intención de jubilarse a partir del 1 de noviembre de ese año, y formalizó su dimisión ante el Ministerio de Justicia de la Nación. No obstante, el contexto en el que se produjo su renuncia dejó una marca difícil de borrar en su trayectoria, al quedar asociada a acusaciones de conducta inapropiada en el ejercicio de sus funciones.
A casi una década de aquel episodio, su nombre vuelve a estar en el centro de la polémica. Hace apenas unos días fue presentada ante la justicia de La Plata una denuncia penal contra Rozanski, junto a tres profesionales de la psicología, por la presunta comisión del delito de asociación ilícita. La causa, que tramita con intervención de la UFI 1 Departamental y el Juzgado de Garantías 6, apunta a un esquema que habría operado mediante la elaboración de informes psicológicos falsos en conflictos familiares. Adherente al feminismo, el ex juez busca perjudicar a los padres en la tenencia de los hijos.
Según la denuncia, la finalidad de esta presunta organización, de la que ya informó este medio, habría sido sostener acusaciones infundadas de abuso contra progenitores, afectando el vínculo con sus hijos.
