Hay hechos que incomodan no por su gravedad técnica, sino por lo que revelan. El escándalo por las más de 30 viviendas “colgadas” de la red eléctrica en barrios privados de Neuquén entra en esa categoría. No estamos ante una situación de marginalidad, ni frente a una necesidad extrema. Estamos ante algo mucho más difícil de explicar —y de justificar—: el uso deliberado del privilegio para no cumplir la ley.
Casas de más de 300 metros cuadrados, con climatización permanente, piscinas calefaccionadas y consumos eléctricos intensivos. Propiedades ubicadas en algunos de los sectores más exclusivos de la ciudad. Y, sin embargo, conectadas ilegalmente a la red o con medidores adulterados para simular un consumo mínimo.
No es un error. No es una “viveza criolla” menor. Es, como lo definió la propia cooperativa, un hurto.
Lo que está en juego no es solo el dinero que se deja de pagar. Es algo más profundo: la ruptura del contrato social más básico. Porque mientras una parte de la sociedad hace esfuerzos para sostener el pago de servicios cada vez más caros, otra -con capacidad económica sobrada- decide directamente no hacerlo.
La desigualdad no siempre se expresa en la falta. A veces se manifiesta en el abuso.
Mientras una parte de la sociedad hace esfuerzos para sostener el pago de servicios cada vez más caros, otra -con capacidad económica sobrada- decide directamente no hacerlo.
El dato es tan contundente como incómodo: quienes menos necesitarían recurrir a este tipo de maniobras son quienes aparecen involucrados. Y no de manera aislada, sino sistemática, con conexiones clandestinas, cableados subterráneos y manipulaciones técnicas pensadas para evitar controles. Hay una planificación detrás. Y, sobre todo, una certeza: la de sentirse fuera del alcance.
Los barrios privados, en este caso, no son solo un dato geográfico. Funcionan como símbolo. Espacios cerrados, con seguridad, con privacidad y, como quedó expuesto, también con zonas grises donde el control parece diluirse.
La pregunta es inevitable: ¿qué habilita esa sensación de impunidad? Porque el problema no es solo el fraude eléctrico. Es la lógica que lo sostiene. La idea de que las reglas son negociables. De que el cumplimiento es opcional. De que siempre hay una manera de esquivar el sistema.
Y ahí es donde el impacto trasciende lo económico. Porque cada conexión ilegal no solo perjudica a la cooperativa: afecta a todos. A los usuarios que sí pagan, a la calidad del servicio y hasta a la seguridad del sistema eléctrico.
El avance de la investigación del Ministerio Público Fiscal abre una instancia necesaria. No solo para determinar responsabilidades, sino para enviar un mensaje claro en un contexto donde la desigualdad ante la ley se percibe cada vez más.
Pero, sobre todo, erosiona algo más difícil de recuperar: la confianza.
El avance de la investigación del Ministerio Público Fiscal abre una instancia necesaria. No solo para determinar responsabilidades, sino para enviar un mensaje claro en un contexto donde la desigualdad ante la ley se percibe cada vez más. No hay atajos legítimos cuando se trata de lo público.
Neuquén crece, se transforma, atrae inversiones y se proyecta como una de las economías más dinámicas del país. Pero ese crecimiento también exige reglas claras. Y, sobre todo, iguales. Porque si el desarrollo convive con la impunidad, deja de ser progreso para convertirse en una ilusión selectiva.
Y en ese escenario, la pregunta ya no es quién puede pagar. La verdadera pregunta es quién decide no hacerlo
