A veces la Justicia dicta fallos. Y otras veces dicta mensajes.
El jueves, el Tribunal de Impugnación decidió que Jorge Octavio Linco, condenado por el femicidio de Corina Mabel Mena, debe volver a prisión. Con esa decisión no sólo resolvió una situación procesal. También dejó expuesta una profunda contradicción dentro del propio sistema judicial. Porque si hoy corresponde que vuelva a una unidad de detención, la pregunta es inevitable: ¿qué tan acertada fue la decisión de las juezas Carolina González y Laura Barbé que le permitió acceder a la prisión domiciliaria?
Esa es la pregunta que miles de neuquinos se hacen. No desde el derecho, sino desde el sentido común. Porque detrás de cada expediente hay una realidad imposible de modificar: una mujer asesinada, una familia atravesada por el dolor y una comunidad que sigue buscando respuestas.
Hay fallos que generan debate y hay fallos que generan daño institucional. La decisión de otorgar la prisión domiciliaria a un condenado por el femicidio de Corina Mabel Mena fue una de ellas. Más allá de los argumentos jurídicos, de las interpretaciones legales y de las escuelas doctrinarias que puedan coexistir dentro del Poder Judicial, aquella resolución envió un mensaje profundamente equivocado a la sociedad. Y eso es precisamente lo que hoy queda expuesto.
Cuando el Tribunal de Impugnación revoca esa decisión y ordena el regreso a prisión, no sólo corrige una situación procesal. También deja al descubierto que había otra mirada posible, una mirada más cercana al reclamo social de firmeza frente a los delitos más graves. Porque el problema no es únicamente qué dice un expediente. El problema es qué confianza genera la Justicia.
Y cuando una resolución provoca indignación en la familia de la víctima, desconcierto en la comunidad y cuestionamientos incluso dentro del propio sistema judicial, el daño institucional resulta inevitable. La Justicia tiene la obligación de garantizar derechos, pero también tiene la obligación de comprender el impacto de sus decisiones. Cuando el garantismo se percibe como una flexibilización excesiva frente a delitos gravísimos, el resultado suele ser el mismo: la víctima desaparece del centro de la escena y la credibilidad de la Justicia comienza a deteriorarse.
Por eso la discusión ya no pasa solamente por una domiciliaria. Pasa por algo mucho más profundo: la confianza, la legitimidad y la sensación, cada vez más extendida, de que algunos sectores de la Justicia parecen comprender mejor las necesidades del condenado que el dolor irreversible de las víctimas. Cuando esa percepción se instala en la sociedad, el daño no lo sufren solamente los tribunales. Lo sufre todo el sistema.
Corina Mabel Mena está muerta. Hay una familia destruida. Hay una ausencia irreversible.
Frente a semejante tragedia, la sociedad espera firmeza. No señales ambiguas. No mensajes contradictorios. No resoluciones que primero generan indignación y después deben ser corregidas por instancias superiores. La decisión del Tribunal de Impugnación golpea directamente sobre aquella resolución que había habilitado la domiciliaria y reabre una discusión incómoda sobre los criterios con los que se toman determinadas decisiones judiciales.
Los jueces tienen independencia para resolver según su criterio. Nadie discute ese principio. Pero también es cierto que cada fallo tiene consecuencias jurídicas y consecuencias sociales. La Justicia vive de la confianza, y cada vez que dos tribunales llegan a conclusiones tan diferentes sobre un caso de semejante gravedad, esa confianza se resiente.
La gente se pregunta quién tenía razón. La familia se pregunta por qué tuvo que atravesar semejante incertidumbre. Y las víctimas de violencia de género vuelven a preguntarse si realmente el sistema comprende la dimensión de estos delitos. Porque el femicidio no es un delito más. Es la forma más extrema de violencia contra una mujer y, por esa razón, las decisiones judiciales vinculadas a estos casos son observadas con una sensibilidad especial.
Lo que está en juego no es solamente un condenado. Lo que está en juego es el mensaje que transmite la Justicia. Y el mensaje de una domiciliaria para un femicida condenado fue interpretado por muchos como una señal equivocada.
Por eso la resolución del Tribunal de Impugnación tiene una lectura que va más allá del expediente. Representa un límite, una rectificación y la idea de que la gravedad de determinados crímenes exige respuestas acordes. Una mujer perdió la vida. Una familia perdió para siempre a una hija, una madre, una hermana. Y mientras ellos cargan con una condena perpetua llamada ausencia, la Justicia debería ser extremadamente cuidadosa con los mensajes que transmite.
Porque cuando un tribunal debe corregir a otro en un caso de semejante impacto social, lo que queda expuesto no es solamente una diferencia jurídica. Queda expuesta una fractura en la mirada sobre qué significa realmente hacer justicia.
Y si algo dejó claro esta resolución es que hay delitos cuya gravedad exige menos contemplaciones y más firmeza. Porque la sociedad puede aceptar errores. Lo que ya no acepta es la sensación de que las víctimas siguen pagando el precio de decisiones que nunca deberían haber sido tomadas.
