No siempre de lo que más se habla implica que se hable de lo importante; en Neuquén, poco y nada se ha hablado de la fuerte crisis presupuestaria del Poder Judicial, que sigue en conflicto con el gremio que representa a los empleados, SEJUN, y que está en emergencia formalmente declarada solo para poder seguir funcionando, aunque sea para poder atender la demanda de los “sectores más vulnerables” de la sociedad neuquina.
El gremio judicial ha sostenido el conflicto con intransigencia no del todo racional, si se tiene en cuenta que, presupuestariamente, el Poder que les da trabajo a los empleados que representa, está en una virtual quiebra, permanente y sostenida sin rubores, al menos en los últimos años de la vida económica del Estado neuquino.
El presupuesto para este año, presentado y aprobado en la Legislatura el año pasado, había sido estimado en 389.456 millones de pesos; con recursos que se generarían por los ingresos de coparticipación federal, “calculados en 170.916 millones de pesos; recursos propios, por 12.000 millones y contribuciones figurativas del Tesoro Provincial por 206.540 millones”.
Esas “contribuciones figurativas” son el eufemismo para decir que la Ley de Autarquía financiera, creada en los ’90 del siglo pasado, ha dejado de existir, y que el Poder Judicial depende cada vez más -en lo económico- del Poder Ejecutivo, más allá de la teórica división de poderes establecida por la Constitución.
Los gastos corrientes -siempre según el presupuesto “formal” son acaparados por la masa salarial: demanda 358.886 millones del total de 389.456 millones de pesos. En el presupuesto, para ese cálculo, se tuvo en cuenta “el crecimiento vegetativo —antigüedad—, y la cuantificación de treinta nuevos cargos”. La planta de personal declarada fue de 2.548 cargos, de los cuales 2.495 son permanentes y 53 temporarios.
Este es el contexto desde el que se alumbró una propuesta salarial, formalizada por el Tribunal Superior de Justicia el 5 de este mes, consistente en actualizaciones trimestrales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más dos bonos “extraordinarios” de 400 mil pesos, más ayuda escolar también “extraordinaria”, más 350 mil pesos destinados a “capacitación”.
La propuesta fue rechazada por el gremio. Los sectores más radicalizados del sindicato la presentaron como “una rebaja de sueldos”. El rechazo se ha mantenido hasta ahora, y las negociaciones estaban estancadas. La pulseada parece más política que reivindicativa. El gremio judicial, así, cada vez se aparta más de una sociedad que observa, impotente, cómo se perjudica un servicio esencial del Estado.
Desde esta columna, se ha mencionado muchas veces que la situación estructural del presupuesto de la Justicia neuquina debería corregirse, habida cuenta que la “ley de autarquía” ya no representa la realidad. Es una ley que habría que modificar, para que no pase lo que está pasando desde hace años, que, en la práctica, el Poder Judicial cae en la terrible paradoja de ser el primero en no cumplir con la ley vigente.
Es un desafío institucional importante, es una tarea necesaria que los legisladores provinciales deberían encarar, y que la clase política provincial debería poner en la carpeta de las adecuaciones necesarias para que Vaca Muerta no empiece a esfumarse de entrada en el terreno de los imposibles.
