Hay una frase que en estos días se repite en los pasillos judiciales de Neuquén y que debería encender todas las alarmas: “No se mueve un expediente”. Y no es una exageración. Es la descripción exacta de lo que está pasando en tribunales, en fiscalías, en juzgados de familia, en oficinas administrativas. Los expedientes se acumulan sobre los escritorios mientras la medida de fuerza de los empleados judiciales paraliza buena parte del funcionamiento del sistema.
Detrás de cada carpeta hay una historia. Pero esas historias hoy están en pausa. Hay padres esperando una resolución por la tenencia de un hijo. Hay víctimas esperando que avance una causa penal. Hay trabajadores aguardando que se resuelva un juicio laboral. Hay vecinos esperando que un conflicto tenga una respuesta judicial. Y mientras tanto, el tiempo pasa.
Cuando la Justicia se detiene, la sociedad queda suspendida en una especie de limbo institucional. El conflicto tiene una raíz concreta: aumento en los salarios, no solo la aplicación de IPC para compensar el efecto de la inflación, como han aceptado los demás gremios estatales provinciales, acá se está hablando de la pretensión de recibir un aumento de sueldo por encima de la inflación.
Mientras los expedientes se acumulan y miles de causas quedan en espera, el conflicto salarial reabre una discusión más profunda sobre el rol del Poder Judicial, sus estructuras internas y el impacto que su parálisis tiene en la confianza de la sociedad.
Los trabajadores judiciales reclaman una recomposición real y rechazan propuestas que consideran insuficientes. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) intenta contener el conflicto con ofertas que no terminan de cerrar la brecha. Hasta ahí, el conflicto puede entenderse. El derecho a reclamar existe y nadie puede negar que el salario es un tema sensible en cualquier sector del Estado.
Pero hay que tomar dimensión auténtica y concreta de lo que está ocurriendo, de la realidad en la que están los salarios del Poder Judicial de Neuquén y las presiones que se ejercen para incrementar más aún los niveles salariales de empleados, y con ello de funcionarios y de magistrados.
¿Saben que el escalafón de empleados administrativos en el Poder Judicial tiene 12 categorías, empezando por Escribiente y hasta llegar a Prosecretario Administrativo? Hoy los Escribientes, la categoría más baja de la carrera judicial, los “ingresantes” cobran entre 2 y 4 millones de pesos de bolsillo -me han dicho-, según la antigüedad y el titulo que puedan acreditar. Y los Prosecretarios Administrativos que son los de la categoría más alta, cobran entre 5 y 10 millones de pesos de bolsillo.
¿Impactante no? Y me dicen que las categorías superiores del escalafón administrativo cobran sueldos de bolsillo equivalentes a categorías intermedias de funcionarios, y a magistrados jóvenes y con poca antigüedad. Me parece que se conoce poco la real estructura salarial del Poder Judicial de Neuquén y no solo mirada desde los sueldos asignados a jueces sino también a funcionarios y Profesionales Auxiliares, y sobre todo a Empleados Administrativos, Técnicos y de Servicios y Maestranza. Los empleados son 1500, los funcionarios 800 y los jueces no llegan a 100. El total actual del Poder Judicial es de 2380 personas empleados, funcionarios y magistrados. Los vocales del TSJ cobran $15 millones de bolsillo, los camaristas 13 millones y los jueces de primera instancia unos 11 millones de pesos. Siempre pensando en gente que tiene por lo menos 25 años de antigüedad computable.
Pero hay una pregunta que empieza a hacerse cada vez más fuerte en la calle ¿Puede la Justicia dejar de funcionar? Porque la Justicia no es una oficina más del Estado, no es una dependencia administrativa cualquiera. La Justicia es el lugar donde los ciudadanos buscan reparación, protección y equilibrio frente a los abusos. Cuando un hospital se paraliza, la salud entra en crisis. Cuando una escuela se paraliza, la educación se resiente. Pero cuando la Justicia se paraliza, lo que se resquebraja es algo todavía más profundo: el Estado de Derecho.
Y Neuquén no es una provincia cualquiera en este momento. Es una provincia atravesada por causas sensibles, investigaciones complejas, procesos judiciales que tocan intereses políticos, económicos y sociales, investigaciones por corrupción, procesos penales importantes que requieren movimiento permanente.
¿Puede la Justicia dejar de funcionar? Porque la Justicia no es una oficina más del Estado, no es una dependencia administrativa cualquiera. La Justicia es el lugar donde los ciudadanos buscan reparación, protección y equilibrio frente a los abusos. Cuando un hospital se paraliza, la salud entra en crisis. Cuando una escuela se paraliza, la educación se resiente. Pero cuando la Justicia se paraliza, lo que se resquebraja es algo todavía más profundo: el Estado de Derecho.
Cada día que pasa sin actividad real en tribunales no es un día neutro. Es un día que retrasa la verdad. Cada expediente que no se mueve es tiempo que se pierde y en la Justicia el tiempo no es neutro, el tiempo desgasta pruebas, debilita causas y desgasta a las víctimas. Por eso la responsabilidad institucional en este conflicto es enorme. No alcanza con que el sindicato levante la voz. No alcanza con que el Tribunal Superior emita comunicados. El Poder Judicial tiene que dar una respuesta. Porque la sociedad neuquina necesita saber algo muy simple: si la Justicia funciona o no funciona. Porque cuando la Justicia entra en pausa, el mensaje que recibe la gente es devastador: que todo puede esperar, que todo puede demorarse, que todo puede estirarse indefinidamente.
En un país donde la justicia lenta ya es un problema crónico, una justicia paralizada se parece demasiado a una justicia ausente. Por eso este conflicto debe resolverse rápido y no por conveniencia política ni presión mediática, por responsabilidad institucional. Porque la Justicia no pertenece ni a los jueces, ni a los empleados, ni a los gremios. La Justicia pertenece a la sociedad y cuando los expedientes dejan de moverse, cuando las audiencias se suspenden, cuando las oficinas se vacían y las decisiones no llegan, lo que empieza a moverse en silencio es otra cosa mucho más peligrosa: la desconfianza.
Y cuando la sociedad pierde la confianza en la Justicia, el problema ya no es gremial. El problema es democrático porque una democracia puede sobrevivir a muchas crisis, a crisis económicas y políticas; pero hay una crisis de la que es muy difícil volver: la crisis de credibilidad de la Justicia.
En Neuquén, cuando un expediente deja de moverse, no sólo se frena un trámite, se empieza a frenar algo mucho más grave: la idea misma de justicia. Cuando la Justicia se detiene, lo que se paraliza no es sólo un tribunal, se paraliza la confianza de la sociedad en el sistema, y cuando la confianza en la Justicia se rompe, el daño institucional es mucho más profundo que cualquier conflicto salarial.
