En Neuquén no estamos frente a un tropiezo administrativo, estamos frente a dos escándalos que exponen un mismo modelo de poder. La causa de los Planes Sociales y la causa que involucra a la Cooperativa Viento Sur. Dos expedientes distintos pero el mismo Estado. La misma estructura política. El mismo diseño de intermediación.
En la causa de los Planes Sociales hubo funcionarios imputados, tarjetas bajo sospecha y circuitos paralelos de manejo de fondos. En la causa de Viento Sur, convenios millonarios con el Estado, transferencias directas y rendiciones que hoy analiza la Justicia. En ambos casos, el dinero era público y el destino debía ser social. La pregunta no es sólo quién ejecutó las maniobras que se investigan, la pregunta es: ¿quién habilitó el sistema que las hizo posibles?
Durante años, la provincia fue gobernada por Omar Gutiérrez. Durante años se consolidó un esquema donde la asistencia social se tercerizaba: cooperativas, organizaciones, referentes y millones circulando por estructuras intermedias. ¿Dónde estaban los controles cruzados? ¿Dónde estaban las auditorías externas independientes? ¿Dónde estaba la trazabilidad pública en tiempo real?
Porque cuando el Estado transfiere fondos sociales sin blindajes estrictos, el riesgo no es teórico, es concreto. Y si hoy la Justicia investiga desvíos, eso no nace de la nada, nace de un modelo. No alcanza con decir “que la Justicia actúe”. La Justicia actúa después del daño. La responsabilidad política es anterior.
Durante años se consolidó un esquema donde la asistencia social se tercerizaba: cooperativas, organizaciones, referentes y millones circulando por estructuras intermedias. ¿Dónde estaban los controles cruzados? ¿Dónde estaban las auditorías externas independientes? ¿Dónde estaba la trazabilidad pública en tiempo real?
Si dos causas distintas revelan fallas similares —manejo discrecional, intermediación fuerte, controles débiles— entonces no estamos ante manzanas podridas. Estamos ante una estructura permisiva. Y cuando esa estructura fue diseñada y sostenida desde el poder ejecutivo provincial, el máximo responsable político no puede mirar para otro lado. No estamos afirmando culpabilidades penales, eso lo definirá un juez, sino que estamos señalando responsabilidad política. Porque el dinero que hoy se investiga no era abstracto, era dinero destinado a los más vulnerables.
Si hubo desvíos, si hubo irregularidades, si hubo abuso de confianza, el daño no es contable, es moral. Y cuando el Estado pierde autoridad moral en el manejo de la pobreza pierde legitimidad.
La pregunta que Neuquén debe hacerse no es sólo quién firmó un convenio o quién administró una tarjeta; la pregunta es ¿quién creó el sistema? ¿quién lo defendió? ¿quién lo presentó como modelo? ¿quién concentró el poder de asignar recursos sin mecanismos de control realmente independientes? Cuando el poder se administra sin contrapesos, la tentación es estructural. Cuando esa tentación termina en causas judiciales, no es una casualidad sino una consecuencia.
Hoy la Justicia investiga pero la política debe dar explicaciones. No explicaciones técnicas, ni burocráticas, ni discursivas. Sino explicaciones de fondo. Porque si el modelo fue defectuoso, el responsable no es sólo quien ejecutó, es quién lo diseñó. Neuquén no necesita más discursos de transparencia, necesita sistemas que no permitan que la pobreza se convierta en caja política. Si no aprendemos eso, mañana habrá otra cooperativa, otro plan, otro expediente y otra vez la misma frase: “Nadie sabía”.
La pregunta que Neuquén debe hacerse no es sólo quién firmó un convenio o quién administró una tarjeta; la pregunta es ¿quién creó el sistema? ¿quién lo defendió? ¿quién lo presentó como modelo? ¿quién concentró el poder de asignar recursos sin mecanismos de control realmente independientes? Cuando el poder se administra sin contrapesos, la tentación es estructural. Cuando esa tentación termina en causas judiciales, no es una casualidad sino una consecuencia.
Cuando en realidad, el problema nunca fue no saber, fue no querer controlar. Durante más de seis décadas, el Movimiento Popular Neuquino construyó en Neuquén un modelo de poder vertical, cerrado con control territorial absoluto y manejo centralizado de los recursos del Estado. Un modelo que convirtió al Estado en herramienta política. Un modelo que naturalizó la intermediación. Un modelo donde el que administra también decide, controla y distribuye sin contrapesos reales sin alternancia sostenida sin auditorías verdaderamente independientes. Cuando no hay alternancia, cuando el poder se perpetúa, cuando el control queda en manos del mismo entramado político durante décadas, el riesgo deja de ser excepcional, se vuelve estructural.
No se trata de una firma mal hecha. No se trata de un funcionario que “se desvió”. Se trata de un esquema que permitió que millones destinados a los más vulnerables circularan sin la transparencia que exige una democracia moderna. Porque cuando un modelo gobierna 60 años, ya no puede decir que los problemas son herencia de otro, es su diseño y su arquitectura; es su responsabilidad histórica.
No se trata de una firma mal hecha. No se trata de un funcionario que “se desvió”. Se trata de un esquema que permitió que millones destinados a los más vulnerables circularan sin la transparencia que exige una democracia moderna. Porque cuando un modelo gobierna 60 años, ya no puede decir que los problemas son herencia de otro, es su diseño y su arquitectura; es su responsabilidad histórica.
Si hubo desvíos en los Planes Sociales, si hubo irregularidades en convenios con cooperativas, si hoy hay imputados, procesados o investigaciones en curso, eso no nació ayer. Nació dentro de un sistema político que durante años se sintió invulnerable y el mensaje más peligroso no es el dinero que pudo haberse perdido. El mensaje más peligroso es este: que el poder, cuando se eterniza, termina confundiendo gestión con propiedad. El Estado no es del partido gobernante, no es de una estructura territorial, no es de una red de lealtades, es de los ciudadanos.
Cuando el modelo histórico del MPN permitió que el manejo de la asistencia social se transformara en terreno fértil para sospechas judiciales, el problema ya no es judicial, es político, es estructural. es moral. Neuquén necesita algo más profundo que condenas, necesita romper con la lógica de un sistema que creyó que podía administrar sin rendir cuentas reales. Porque si no se desmonta el modelo, no importa qué nombres cambien. La maquinaria seguirá intacta y la próxima causa será sólo cuestión de tiempo.
