Hay algo profundamente preocupante cuando la institución encargada de resolver los conflictos de la sociedad no consigue resolver sus propios conflictos. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en el Poder Judicial de Neuquén. El Sindicato de Empleados Judiciales, SEJUN, profundizó sus medidas de fuerza frente a la falta de acuerdo salarial con el Tribunal Superior de Justicia. Paros, retiros de los lugares de trabajo, movilizaciones y negociaciones que no consiguen acercar posiciones. El sindicato reclama un incremento del cuatro por ciento para noviembre y del tres por ciento para enero. El Tribunal Superior de Justicia había ofrecido el dos por ciento para cada uno de esos períodos. Y detrás de esos números hay también reclamos por recategorizaciones, carrera judicial y condiciones laborales. Hasta aquí, un conflicto salarial. Legítimo, como tantos otros.
Pero hay una diferencia fundamental. Estamos hablando de la Justicia. Y la Justicia no es una oficina pública cualquiera. Es el lugar al que acude un ciudadano cuando siente que sus derechos fueron vulnerados. Es donde una madre espera una resolución sobre sus hijos. Donde un trabajador reclama una indemnización. Donde una víctima necesita protección. Donde una persona acusada tiene derecho a que su situación se resuelva sin demoras injustificadas. Y donde miles de neuquinos depositan una esperanza que muchas veces ya viene golpeada por años de espera. Por eso, cuando el sistema judicial entra en conflicto, las consecuencias pueden ir mucho más allá de una discusión salarial.
Y corresponde preguntar quién está pensando en esas personas. Quiero ser absolutamente claro. Los empleados judiciales tienen derecho a reclamar. Tienen derecho a defender sus salarios. Y tienen derecho a exigir que se cumplan los acuerdos laborales. No corresponde presentar a los trabajadores como responsables de todos los problemas de funcionamiento de la Justicia. Sería injusto. Porque los problemas de la Justicia neuquina no comenzaron con este paro. Vienen de mucho antes. De estructuras que necesitan revisión. De expedientes que se acumulan. De procedimientos que muchas veces resultan incomprensibles para los ciudadanos. De una burocracia que puede convertir un derecho en una espera interminable. Y de una discusión pendiente sobre la eficiencia de todo el sistema.
Pero también quiero detenerme en las autoridades. En el Tribunal Superior de Justicia. En quienes tienen la responsabilidad institucional de conducir y administrar uno de los poderes fundamentales del Estado. Porque administrar Justicia no consiste solamente en dictar sentencias. También significa garantizar que existan las condiciones para que esas sentencias puedan llegar a tiempo. Significa organizar recursos. Planificar necesidades de personal. Resolver conflictos laborales. Y asegurar la continuidad de un servicio esencial para la sociedad. El Tribunal Superior de Justicia no puede limitarse a esperar que el conflicto se desgaste. Ni el sindicato puede desentenderse de las consecuencias que las medidas prolongadas pueden generar sobre los ciudadanos. Ambas partes tienen responsabilidades diferentes, pero ninguna puede ignorar a la sociedad.
Y hay algo que me preocupa especialmente. Que discutamos porcentajes salariales mientras seguimos sin debatir suficientemente los resultados del sistema judicial. ¿Cuánto tarda un expediente? ¿Cuántas audiencias deben reprogramarse? ¿Cuántos ciudadanos esperan una respuesta que nunca llega en los plazos razonables? ¿Cuántas vacantes existen realmente? ¿Cuánto personal hace falta? ¿Y qué mecanismos concretos se están utilizando para mejorar el funcionamiento de los tribunales? Esas son preguntas que las autoridades deberían responder con información pública. No con discursos. No con explicaciones burocráticas. Con números, plazos y resultados. Porque la Justicia se financia con recursos públicos. Y los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se administran esos recursos. Pero también tienen derecho a saber qué reciben a cambio.
No estoy hablando de exigirles a los jueces que fallen de determinada manera. La independencia judicial es indispensable. Estoy hablando de algo mucho más elemental. De exigir que el sistema funcione. Que los procesos avancen. Que las audiencias se realicen. Que las resoluciones lleguen dentro de plazos razonables. Y que los conflictos internos no se conviertan en una nueva carga para quienes ya están esperando.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, y los demás integrantes del máximo tribunal tienen una responsabilidad institucional que no puede diluirse. No les corresponde resolver solos todos los problemas históricos del Poder Judicial. Pero sí les corresponde conducirlo. Explicar qué está ocurriendo. Presentar propuestas. Y demostrar que existe una estrategia para garantizar su funcionamiento. Porque un poder del Estado no puede reclamar confianza pública solamente por la autoridad que le otorga la Constitución. La confianza también se construye con gestión, transparencia y resultados.
Y aquí aparece una contradicción que merece una reflexión. A los ciudadanos se les exige respetar los plazos judiciales. Presentar escritos a tiempo. Cumplir resoluciones. Acatar sentencias. Responder a las citaciones. Pero cuando el propio sistema demora, se desorganiza o no consigue dar respuestas, ¿Quién responde frente a esos mismos ciudadanos? ¿Quién les devuelve el tiempo perdido? ¿Quién se hace cargo de la angustia de una familia que espera? ¿Quién responde por las consecuencias de una demora injustificada? No todas las demoras tienen el mismo origen. Y sería irresponsable atribuirlas exclusivamente a los trabajadores o a las autoridades actuales. Pero también sería irresponsable aceptar que nadie debe dar explicaciones.
Neuquén está atravesando transformaciones económicas y sociales extraordinarias. Crece su población. Crece su actividad económica. Y crece también la complejidad de los conflictos que llegan a los tribunales. Por eso necesita una Justicia moderna. Con trabajadores reconocidos. Con magistrados independientes. Con recursos suficientes. Pero también con controles de gestión y responsabilidades claras. Una Justicia que no se conforme con administrar expedientes. Sino que comprenda que detrás de cada expediente hay personas. Ojalá el Tribunal Superior de Justicia y SEJUN encuentren rápidamente un acuerdo razonable. Pero ojalá también entiendan que resolver esta negociación salarial no alcanza.
Porque hay una discusión mucho más profunda que Neuquén tiene pendiente. Qué Justicia tenemos. Qué Justicia necesitamos. Y cuánto tiempo más estamos dispuestos a esperar para que esa distancia se reduzca. Los trabajadores merecen salarios justos. Las autoridades merecen que se respete su independencia institucional. Pero los ciudadanos merecen algo que está por encima de cualquier disputa corporativa. Merecen Justicia. Y la merecen a tiempo. Porque una sentencia que llega cuando el daño ya es irreparable puede convertirse en una respuesta vacía. Y una institución que pide respeto debe comenzar por demostrar respeto hacia quienes dependen de ella. La Justicia no puede poner en espera a la sociedad. Porque para los tribunales un expediente puede ser un número. Pero para quien espera una respuesta, ese expediente puede ser su vida entera.
