La denominada “Ley de Glaciares” que votó y sancionó, por mayoría de votos, la Cámara de Diputados de la Nación, permitirá, fundamentalmente, dejar atrás una traba contundente y concreta que había para las inversiones mineras en Argentina: ha sido una de las razones -el proteccionismo ambiental mal entendido- para que no progresara una de las actividades económicas más antiguas y progresistas del mundo, y, por eso mismo, llena de manchones estigmatizantes, algunos muy bien puestos en su momento, otros (la mayoría) que ya han sido superados por la conciencia ambiental y la evolución tecnológica en ese sentido.
También es una muestra de evolución política en el país, un paso hacia una mayor racionalidad en el uso de los recursos naturales. Aquí no se discute que el recurso que guardan los glaciares debe ser protegido, sino la forma y alcance de esa protección. Así como Parques Nacionales sigue “cuidando” los bosques con un excesivo y anacrónico conservadurismo (el “no tocar” por encima de todo), la minería nacional ha estado estancada durante décadas por el falso concepto de contraponer cuidado del ambiente con explotación racional de los recursos.
En Neuquén esto se sabe muy bien, porque es una provincia que tuvo que luchar contra el mismo concepto, aplicado al fracking de la industria petrolera no convencional. Cuando Vaca Muerta recién comenzaba, a empellones y pese a la indiferencia inicial de los gobiernos nacionales, hubo que soportar admoniciones tremendas acerca del uso del agua para las fracturas en los yacimientos, de la terrible contaminación que acarrearía esa práctica, y de la carencia que provocaría sobre el uso esencial del líquido que nos da la vida.
De a poco, la prédica de quienes realmente saben, y, sobre todo, la práctica misma, ha demostrado que poco o nada de lo que se advertía como un cataclismo ambiental, ha sucedido; y, hoy, Vaca Muerta se desarrolla provocando un gran progreso humano afirmado en un desarrollo que, sin el fracking y las nuevas tecnologías extractivas, no hubiera sido posible. No solo eso: ¿Alguien imagina qué sería de Neuquén sin la explotación de ese recurso que se pretendió estigmatizar desde el progresismo ambiental bobo?
No hace falta imaginar más que una realidad alternativa, en donde se le quitara al presupuesto provincial más de la mitad de sus recursos, y acomodar toda la realidad social, política y económica, a esos números.
No es progresista oponer los glaciares a la minería, sino todo lo contrario: es ir contra el progreso, que es lo que, paradójicamente, ha hecho durante al menos dos décadas el “progresismo” nacional.
Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a la minería. Simplemente hay que aceptar lo importante que podrá ser para la economía, y, por ende, para la mejora en la calidad de vida de la gente. Así en Neuquén, como en otras provincias, que tienen abundantes recursos mineros no explotados todavía. Tampoco hay que tener miedo a la afectación sobre los glaciares de las prácticas mineras, porque ese miedo -irracional, como casi siempre es el miedo- deriva en prohibiciones generalmente absurdas.
No puede prohibirse el progreso, no puede prohibirse el desarrollo económico. Lo único que debería hacerse es controlar, vigilar que el equilibrio del ambiente se sostenga; y esto es perfectamente posible, con el actual nivel tecnológico y la conciencia de la importancia del recurso hídrico que tiene la humanidad.
¿Qué le falta a la nueva Ley de Glaciares? Desde la óptica provincialista (del actual oficialismo neuquino, por ejemplo) le falta sincerar y hacer concreto el concepto básico de que los recursos naturales les pertenecen a las provincias. Para que ese concepto no quede en abstracto, es necesario que las provincias tengan activa participación, no solo en la defensa y preservación de sus glaciares, sino también en la actividad minera en sí, como se ha hecho con la actividad de los hidrocarburos. Por eso la abstención en el caso de la votación de la Ley: porque no se está en contra, pero tampoco a favor tal como está redactada.
