El conflicto que rodea a Tini Stoessel sumó ahora una mirada desde el ámbito judicial. Luego de que se conocieran versiones sobre el manejo de sus ingresos, su imagen y distintas sociedades, el abogado penalista Javier Baños explicó qué tendría que ocurrir para que Alejandro Stoessel, padre de la cantante, pudiera enfrentar una investigación penal.
Durante una entrevista en La Mañana con Moria, por El Trece, el especialista planteó que antes de analizar una eventual responsabilidad hay que separar diferentes etapas de la vida de Tini. Una de las cuestiones centrales es establecer qué sucedió cuando todavía era menor de edad y qué ocurrió después de que alcanzara la mayoría.
Baños también puso la lupa sobre el lugar donde habrían ocurrido los hechos y recordó que podrían existir diferencias si determinadas situaciones tuvieron lugar fuera del país. “Por otro lado, hay que distinguir los hechos que se producen en Argentina de los que pueden llegar a tener competencia en otras jurisdicciones internacionales diferentes”, explicó el abogado.
Otro dato que consideró determinante es cuándo la artista dejó de convivir con sus padres. Para explicar por qué esa circunstancia podría ser relevante, Baños mencionó el artículo 185 del Código Penal Argentino, que contempla una exención de responsabilidad criminal para determinados hurtos y defraudaciones entre padres e hijos cuando viven juntos.
En paralelo, las auditorías sobre el patrimonio de Tini podrían convertirse en una pieza clave para reconstruir el movimiento de dinero durante los distintos períodos. El objetivo sería determinar cómo evolucionaron sus bienes y si existieron operaciones que puedan generar algún tipo de reclamo o investigación.
Pero para Baños existe otro elemento especialmente importante: el acuerdo mediante el cual se habría administrado la actividad profesional de la cantante. “Fundamentalmente ese contrato de representación, porque podemos estar en presencia de un claro delito de acción pública, como sería una administración infiel, una administración fraudulenta”, sostuvo.
En caso de que una investigación judicial lograra demostrar una administración fraudulenta, el abogado señaló que podrían existir consecuencias penales para Alejandro Stoessel, con una pena que podría llegar hasta los seis años de prisión. De todos modos, aclaró que esto dependería de que se acrediten los elementos necesarios y de que se inicien las acciones correspondientes.
Baños además diferenció esa eventual situación de los reclamos económicos que podrían desarrollarse en la Justicia Civil. “En sede civil sí va a poder tener acciones como para tratar de recuperar toda esta plata, todo este dinero”, afirmó. Y resumió los requisitos que deberían analizarse: “En el Código Penal Argentino, tanto la figura de la estafa genérica, que está en el artículo 172, como el supuesto de administración fraudulenta se basan siempre en tres elementos sustanciales: tiene que haber un ardid, un engaño y una disposición patrimonial”. Finalmente, destacó la posible asimetría de poder entre un representante y la persona representada: “Porque vos fijate lo que decía ella, que no tenía plata ni para pagar un peaje, es muy fuerte”.
