Jaime Mañalich, ministro de Salud de Chile, afirmó que establecer una cuarentena total en el país no resultaría conveniente o sostenible y por lo tanto se dará continuidad a las cuarentenas estratégicas, luego de que alcaldes de algunas localidades las solicitaran al gobierno, argumentando que la “gente sufre” en el encierro por Covid-19, que generó tres nuevas muertes y tiene 8.273 infectados.
Mañalich, dijo en declaraciones radiales que “cuando determinados alcaldes piden cuarentenas totales o generales en sus comunas, o en toda la ciudad o país, no saben el daño que producirán en la población. En las comunas que hay cuarentenas, los propios alcaldes han cambiado de opinión porque la gente sufre, pasa hambre, se produce violencia intrafamiliar. Por eso deben ser cuarentenas focalizadas y tienen que tener un principio y un fin, de acuerdo a la realidad epidemiológica”.
Por el momento, los sectores de las comunas capitalinas de Puente Alto, Ñuñoa y Santiago permanecen en cuarentena, además de las localidades de Punta Arenas, Osorno, Temuco y Chillán Viejo, que seguirán dentro de la medida por una semana más al menos.
Al mismo tiempo, la comuna capitalina de Las Condes saldrá de la cuarentena junto a las sureñas San Pedro de La Paz, Hualpén, Padre las Casas y Nueva Imperial a partir de este jueves a las 22, cuando comience a regir la medida en El Bosque y San Bernardo (Santiago), y al norte en Arica.
En lo que respecta al balance diario sobre el avance del Covid-19 que se realiza desde el Palacio de La Moneda, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, señaló que se ha incrementado el consumo de alcohol y casos de violencia intrafamiliar en todo el país.
Además, la subsecretaria respaldó la forma en la cual el gobierno ha empleado la cuarentena y dijo que “la medida de cuarentena estratégica y dinámica es para disminuir la propagación de la enfermedad”, pese a los efectos mencionados.
Durante la presentación del balance, Daza detalló que se registraron 356 casos nuevos positivos por coronavirus, lo que significa un total de 8.273 y explicó que se produjeron tres muertes, para que la cifra ascienda a 95.
Se supo también que las tres nuevas muertes corresponden a una persona de 78 años en la Región Metropolitana, otra de 84 en la Región de La Araucanía, y una tercera de 67 años en Los Andes, Región de Valparaíso, situado 85 kilómetros al norte de Santiago.
El subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, informó por su parte que 389 pacientes están en unidad de cuidados intensivos, “315 de ellos están conectados a ventilación mecánica y 91 en estado crítico”.
El funcionario dijo también que en todo el país hay 577 ventiladores mecánicos disponibles para el sistema de salud integrado (centros de salud públicos y privados) y que ayer se realizaron 4.079 exámenes PCR (para detectar el virus), superando las 91 mil pruebas efectuadas.
Con respecto a la situación de los trabajadores de salud infectados, el mismo Zúñiga informó que 743 contrajeron el virus.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), Sergio Micco, y la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, también llevaron a cabo una reunión para discutir un informe que da cuenta de la imposibilidad de implementar medidas preventivas para evitar propagación de Covid-19 en cárceles chilenas, un día después de que fue aprobada una ley especial enviada por el gobierno de Sebastián Piñera que permitirá trasladar a 1.300 reos a prisión domiciliaria total mientras dure la pandemia.
Se dejó en claro que esta medida no incluye a presos por delitos contra los derechos humanos, que están en cárceles especiales, aunque desde sectores del oficialismo piden por incluirlos en la medida, inclusive enviaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para que declararan discriminatoria la ley, pero dicho organismo no aprobó la solicitud.
En la actualidad, Chile vive (desde el 18 de marzo) un estado de excepción constitucional por catástrofe por 90 días, decretado por el Piñera, como parte de las medidas por la crisis sanitaria que ha generado el coronavirus, sumada a la crisis social que atraviesa el país desde octubre del 2019.