La oposición al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela decidió disolver la denominada presidencia interina. Hasta enero de 2023 Juan Guaidó se había desempeñado como presidente interino, desconociendo la legitimidad de Maduro. Tras su salida, Washington volvió a tomar posesión de la Embajada venezolana en Washington y anunció que tras la salida de Guaidó ya no existe un interlocutor legítimo con el cual mantener un diálogo abierto en calidad de reconocimiento político.
La decisión del Departamento de Estado ha reavivado el conflicto entre las facciones de la oposición venezolana. Unas y otras se acusan de ser responsables de haber fracasado en su intento por forzar una transición a la democracia en el país. En el trasfondo de esta discusión se encuentra la cuestión de los activos internacionales controlados y administrados por la oposición desde 2019, cuando Guaidó irrumpió en la escena política desde la Asamblea Nacional.
Otros miembros de la oposición también destacan que la representación del interinato ante organismos multilaterales, gobiernos aliados, empresas venezolanas transnacionales e instancias judiciales en el extranjero corren peligro de volver a ser controladas por el régimen de Maduro o disueltas. Además de las sedes diplomáticas en terceros países y la capacidad de ejercer lobby a nivel político, la oposición se enfrenta a un escenario en el que perderá la propiedad de Citgo, una de las principales procesadoras de crudo de Estados Unidos; las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra; sumas de dinero retenidas en Portugal; y el asiento en la Organización de Estados Americanos.
Aunque son pocas las probabilidades de que se pierdan activos venezolanos sujetos a jurisdicción estadounidense, el caso del oro depositado en el Banco de Inglaterra es distinto. De hecho, la disolución del Gobierno interino podría aumentar las chances de que el Ejecutivo de Maduro gane ese caso ante la justicia y obtenga el acceso a esos recursos, estimados en alrededor de 930 millones de euros.