El exministro de Industria venezolano Alex Saab, considerado el principal testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, se declaró no culpable de los cargos de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas ante un tribunal federal en Miami, sin comparecer personalmente y delegando la declaración en sus abogados. Durante una audiencia muy breve ante la jueza Lauren F. Louis, Saab fue acusado formalmente además de ocultar y disfrazar el origen de fondos, y sus letrados solicitaron que el caso sea juzgado por un jurado. La jueza no fijó una nueva fecha para el proceso ni se discutieron posibles solicitudes de libertad bajo fianza, dejando el calendario procesal en suspenso. Según el fiscal general adjunto de Estados Unidos, A. Tysen Duva, "Saab supuestamente utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentación venezolano destinado a los pobres, así como de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano".
La trayectoria judicial de Saab es tan enredada como su carrera política. Nacido en Colombia, se convirtió en figura clave de la Venezuela chavista durante los últimos años de Hugo Chávez, obtuvo la ciudadanía venezolana y un pasaporte diplomático supuestamente como recompensa por sus actividades como testaferro y lavador de dinero, y fue objeto de sanciones estadounidenses desde 2019. Fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a EE.UU. en 2021, pero liberado en 2023 por el gobierno de Joe Biden como parte de un canje de prisioneros negociado con Venezuela. Maduro lo nombró entonces ministro de Industrias en 2024, en lo que muchos interpretaron como un gesto de gratitud. Tras la captura de Maduro en enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez lo destituyó, y el 16 de mayo fue expulsado de Venezuela para enfrentar los cargos en su contra en Estados Unidos.
El caso Saab es uno de los hilos más reveladores de la arquitectura financiera del chavismo: está acusado de liderar una red que desvió fondos del programa CLAP —el sistema de cajas de alimentos subsidiados que el gobierno venezolano distribuye a millones de familias en situación de pobreza— hacia cuentas en el exterior, en una operación que combinó la corrupción del sistema de ayuda social con el lavado a través del sistema financiero internacional. Su proceso se desarrolla en paralelo al juicio a Maduro y Flores, fijado para el 1 de junio de 2027, y al proceso de transición política que Washington impulsa en Venezuela con fecha de inicio el 1 de agosto, configurando un cuadro judicial y político sin precedentes en la historia reciente del país caribeño.
