El periodista costarricense Camilo Rodríguez, de 50 años, fue asesinado a balazos mientras conducía su auto en el sector de Santo Domingo de Heredia, a unos 15 kilómetros al noroeste de San José. De acuerdo con los reportes policiales y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos atacantes a bordo de una motocicleta interceptaron su automóvil y efectuaron entre nueve y diez disparos contra el comunicador, quien en los últimos años había trasladado su labor investigativa hacia las redes sociales denunciando con nombres propios a capos narcos y sus presuntos nexos con círculos políticos y empresariales, asegurando incluso haber entregado informes a la agencia antidrogas estadounidense DEA.
El crimen provocó una fuerte conmoción institucional en Costa Rica y motivó un pronunciamiento inmediato de la presidenta Laura Fernández —quien en 2025 lo había querellado por difamación tras acusaciones sobre el origen de los fondos de su vivienda—, calificando el homicidio como "una mancha contra la libertad de expresión". En paralelo, el Colegio de Periodistas repudió el ataque como un intento de silenciamiento frente al avance del crimen organizado y exigió celeridad en las pesquisas, mientras que el fiscal general, Carlo Díaz, anunció una investigación exhaustiva y precisó que el reportero había declinado previamente incorporarse a un programa oficial de protección de testigos.
El asesinato expone el acelerado deterioro de la seguridad en el país centroamericano, que dejó de ser únicamente una zona de tránsito para convertirse en un centro logístico del narcotráfico internacional, elevando su tasa de homicidios a unos 17 casos por cada 100.000 habitantes, casi el triple de la media mundial. Entre las figuras señaladas previamente por el periodista figuraba el exministro de Seguridad, exmagistrado y exfiscal Celso Gamboa, arrestado y extraditado en marzo pasado a Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado, un caso que ilustra la penetración delictiva en las estructuras estatales.