El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una ambiciosa ley destinada a actualizar el marco normativo del país para combatir la violencia y la explotación sexual infantil en el entorno digital. La iniciativa actualiza el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) para adaptar las sanciones penales al avance de las nuevas tecnologías, tipificando de forma explícita la simulación o adulteración de la imagen de menores con connotación sexual. Con este paso, la legislación brasileña criminaliza abiertamente el uso de inteligencia artificial para la generación de "deepfakes" y montajes, extendiendo el alcance del delito desde la producción y moderación de sitios web hasta la mera visualización o acceso al material por parte de los usuarios.
La nueva norma refuerza significativamente las herramientas procesales de investigación en la red y amplía la definición de violencia sexual para abarcar todo contenido real o ficticio, incluso aquel que no exhiba órganos genitales. Para evitar la impunidad de los agresores, la ley califica como delito grave el uso de mecanismos para ocultar la dirección IP —como el empleo de servidores proxy— y autoriza formalmente a los agentes policiales a realizar patrullaje virtual en entornos digitales públicos para recopilar pruebas. Asimismo, las penas para los responsables de estas redes han sido endurecidas, situando a Brasil a la vanguardia regional en la Persecución de la delincuencia informática dirigida contra la infancia.
Más allá del ámbito punitivo, el texto legal sitúa en el centro la reparación integral y la contención psicológica de las víctimas para reducir el impacto de la revictimización en el entorno digital. Las niñas, niños y adolescentes afectados contarán con asistencia psicosocial continua a cargo del Estado, pero con una novedosa cláusula de resarcimiento financiero: los agresores y las redes de explotación estarán obligados por ley a cubrir la totalidad de los costos de los tratamientos y reembolsar los gastos operativos al Sistema Único de Salud. Con este enfoque integral, la administración brasileña sienta un precedente en la protección de los derechos de la niñez frente a las amenazas de la era digital.
