Colombia celebra este domingo sus elecciones presidenciales con Gustavo Petro completando su mandato con una aprobación superior al 50%, una economía que entrega inflación controlada del 5,68%, una apreciación del peso del 9,53% frente al dólar y una deuda externa reducida al 29% del total de la deuda pública. El heredero natural de ese legado es el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien lidera cómodamente los sondeos con entre el 36% y el 44% de intención de voto, prometiendo profundizar las reformas estructurales de salud y tierras. Sin embargo, ninguna fuerza parece capaz de superar el umbral del 50% necesario para ganar en primera vuelta, lo que encamina al país hacia un balotaje el 21 de junio en el que el comportamiento de las alianzas será determinante.
El principal desafío a Cepeda viene de dos flancos: el abogado mediático Abelardo de la Espriella, un outsider sin cargos previos en el Estado que canaliza el desgaste de las élites tradicionales con un discurso de "orden" y está captando el voto conservador duro; y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático uribista, que disputa el segundo lugar con propuestas de reactivación económica privada y duras críticas a la política de "Paz Total". El centro, representado por Sergio Fajardo y Claudia López, aparece debilitado por expectativas bajas que redirigen el voto útil hacia las tres candidaturas más viables. Los tres escenarios de balotaje más probables plantean dilemas distintos: si Cepeda enfrenta a De la Espriella, el centro y el uribismo deberán elegir entre apoyar al radical o abstenerse; si lo hace contra Valencia, la elección se convierte en un referendo cerrado sobre el legado de Petro.
El debate de fondo en estas elecciones no es ideológico en el sentido clásico sino existencial: el electorado colombiano no discute si quiere volver al pasado sino bajo qué términos institucionales puede preservar las conquistas sociales de los últimos años sin ceder terreno en seguridad. Colombia sigue lidiando con al menos cuatro grandes grupos armados activos —disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos delincuenciales— con más de 20.000 combatientes que sabotean la accidentada política de paz total del oficialismo. Es en esa tensión irresuelta entre derechos sociales y violencia estructural donde se jugará, en última instancia, la elección de hoy y la del 21 de junio.
