La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano menor del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por irregularidades en la designación de un puesto de trabajo creado específicamente para que fuera ocupado por el familiar del entonces líder del PSOE extremeño. La misma pena fue impuesta al exlíder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo y a otros nueve acusados por el mismo delito cometido en 2017, cuando David Sánchez —músico, compositor y director de orquesta que utiliza el seudónimo artístico de David Azagra— fue contratado por la Diputación de Badajoz como coordinador de conservatorios, cargo de alta dirección creado en ese período, para luego pasar a dirigir la Oficina de Artes Escénicas y liderar el programa Ópera Joven.
El fallo agrava el ya complicado panorama judicial del entorno del presidente Sánchez: su esposa Begoña Gómez fue enviada a juicio oral semanas atrás por tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida; el exministro José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de prisión por el caso de las mascarillas; y el expresidente Zapatero está siendo investigado por una trama de corrupción. La reacción del PSOE fue inmediata y furiosa: el portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, calificó la resolución de "auténtica barbaridad" e "insoportable", denunció que el procedimiento fue iniciado por "sectores radicales" que persistieron hasta lograr una condena tras ver fracasar sus acusaciones iniciales de fraude fiscal y enriquecimiento injustificado, y acusó a la ultraderecha de usar la justicia como herramienta política. "Se iba a por la persona, no a por el delito", afirmó López, añadiendo que en 2017, cuando se adjudicó la plaza, Sánchez no era presidente del Gobierno ni secretario general del partido.
La condena al hermano del presidente suma un nuevo capítulo a una crisis judicial que el propio Sánchez intentó neutralizar hace apenas tres semanas al comparecer ante el Congreso y declarar que "no renunciará" pese a los casos de corrupción que rodean a su entorno. La acumulación de frentes —esposa procesada, exministro condenado, hermano inhabilitado, expresidente investigado— configura el cuadro judicial más adverso que ha enfrentado un gobierno español en democracia, en un momento en que el PP y VOX presionan por elecciones anticipadas y el PSOE intenta convertir cada condena en una narrativa de persecución política. Para Sánchez, que sobrevivió a varias crisis que habrían terminado con otros gobiernos, la pregunta ya no es si puede resistir cada golpe por separado sino si puede absorberlos todos al mismo tiempo.
