La crisis política en Paraguay sumó un nuevo capítulo de incertidumbre institucional luego de que el vocero de la Presidencia, Guillermo Grance, manifestara públicamente que desconoce el paradero físico del mandatario dimitente Santiago Peña. La admisión del portavoz se produjo ante la insistencia de los cronistas en los canales oficiales de comunicación del Poder Ejecutivo, pocas horas después de que el jefe de Estado difundiera un mensaje audiovisual grabado para anunciar su alejamiento del cargo tras la quiebra e intervención del Ueno Bank.
Ante la ausencia del expresidente, la entrega del documento formal de renuncia ante las autoridades legislativas quedó a cargo del ministro del Interior, Enrique Riera. La maniobra administrativa tuvo lugar mientras el Congreso de la Nación se encontraba reunido en una sesión extraordinaria bicameral con el objetivo de debatir la aceptación o el rechazo de la dimisión de Peña, proceso que se desarrolla en un clima de alta volatilidad política por la parálisis de los fondos que afecta a cerca de tres millones de ahorristas.
En paralelo al trámite parlamentario, la Fiscalía General del Estado dispuso la apertura de una nueva investigación penal contra la cúpula saliente y los ejecutivos de la firma financiera por presuntas maniobras irregulares y fraude al Estado. En su mensaje de despedida, Peña defendió su salida argumentando que buscaba preservar la paz social y las instituciones democráticas, al tiempo que pidió garantizar la restitución de los depósitos congelados mediante la activación del Fondo de Garantía del sistema bancario.
