La tensión social y política en el enclave español de Ceuta, ubicado en el norte de África, alcanzó un punto crítico tras registrarse violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Los incidentes se desencadenaron cuando un grupo de residentes intentó bloquear el paso de vehículos de la Cruz Roja, en el marco de las crecientes protestas por la falta de seguridad que atraviesa el territorio tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos ocurrida semanas atrás. El clima de hostilidad sumó un grave antecedente con la detención de doce personas acusadas de apedrear un vehículo militar, ataque que dejó a un efectivo español herido.
La escalada de violencia impactó de lleno en el debate político nacional y derivó en severos cuestionamientos hacia la gestión de la crisis. Mientras la cúpula del gobierno ceutí y la administración central repudiaron los desmanes, el Partido Popular responsabilizó al presidente Pedro Sánchez por el deterioro institucional, al calificar los disturbios como la consecuencia directa de una política migratoria "irresponsable". El conflicto expuso además fisuras dentro del propio gabinete español, en medio de versiones contradictorias entre los ministerios de Defensa e Interior sobre si los servicios de inteligencia habían alertado con antelación sobre el flujo masivo en la frontera.
Ante la gravedad de los acontecimientos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareció ante el Congreso de los Diputados para formular un llamado a la calma y ratificar la postura oficial frente al conflicto. El funcionario enfatizó que la violencia no resolverá la complejidad estructural del enclave de 18,5 kilómetros cuadrados y confirmó que el Gobierno continuará con la deportación a Marruecos de todos aquellos migrantes que no cumplan con los requisitos legales para acceder al asilo.
