La tensión diplomática dentro de la Unión Europea alcanzó un nuevo máximo con el anuncio de España de restablecer, a partir del sábado 8 de agosto, controles temporales de identidad en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de Italia. La medida adoptada por Madrid responde directamente a las restricciones impuestas días atrás por el gobierno de Giorgia Meloni a las personas provenientes del país ibérico. Tras el rechazo explícito de Roma a un ultimátum que exigía el levantamiento de dichas trabas, el Ejecutivo español calificó la postura italiana de "injusta, discriminatoria y basada en argumentos espurios", activando inspecciones aleatorias de pasaportes y documentos de residencia que se mantendrán vigentes en principio hasta el 7 de septiembre.
La controversia tiene su origen en la grave crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma de Ceuta, donde una ONG marroquí acaba de elevar a 141 el total de fallecidos en la frontera tras el cruce masivo acontecido la semana pasada. Mientras Italia justifica sus barreras alegando riesgos de seguridad y una supuesta amenaza de dispersión de inmigrantes irregulares por el territorio europeo, el Gobierno de España desestimó de forma categórica esos argumentos. Desde Madrid enfatizaron que el régimen especial de Ceuta impide la libre circulación dentro del espacio Schengen de los recién llegados —de los cuales más de 73.000 ya regresaron a Marruecos—, acusando además a la administración de Meloni de generar "conflictos estériles" impulsados por meros intereses electorales internos.
Lejos de retroceder, el Ejecutivo italiano replicó tajantemente que "no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional" y confirmó que mantendrá sus inspecciones hasta garantizar que no exista riesgo de una nueva oleada. Frente a esta negativa, la diplomacia española echó mano de las estadísticas oficiales de Frontex para remarcar que es Italia la que ha registrado históricamente los mayores flujos de cruces irregulares en el Mediterráneo, reprochándole a Roma el incumplimiento de los acuerdos comunitarios de asilo desde 2022. La abierta confrontación entre dos de las principales potencias del sur de Europa pone contra las cuerdas la cohesión del modelo de libre tránsito continental, justo cuando las secuelas del desastre en la frontera africana exigen respuestas multilaterales urgentes.
