El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que revocará las visas de negocios y turismo de un gran número de extranjeros que solicitaron asilo tras arribar al país con esas categorías migratorias, en la más amplia operación de este tipo en la historia estadounidense. El portavoz Tommy Pigott fue explícito en la justificación: "Este tipo de visas se emiten con el claro entendimiento de que son para quienes tienen la intención de regresar a su país de origen. Obtener una visa para solicitar asilo es fraude, lo cual es motivo de revocación de la visa". La medida se aplicará a quienes obtuvieron visas B1 y B2 —las categorías de turismo y negocios— entre 2016 y 2026 y hayan solicitado asilo o tengan un trámite en curso. La Casa Blanca estimó que hasta 200.000 visas podrían verse afectadas, en lo que describió en X como "la mayor revocación masiva de visas de la historia". El proceso será "continuo y progresivo", según aclaró Pigott, lo que significa que el número final de revocaciones podría superar esa cifra a medida que avance la identificación de casos.
La medida se enmarca en la política migratoria restrictiva que Trump viene aplicando desde su regreso al poder en enero de 2025, con un endurecimiento sistemático de todas las vías de ingreso y permanencia en el territorio estadounidense. A comienzos de agosto, el Departamento de Estado ya había informado que desde el inicio del segundo mandato de Trump, unos 175.000 extranjeros tuvieron sus visas revocadas por motivos que van desde actividades delictivas hasta infracciones de tránsito o incluso por haber "celebrado" el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. La nueva oleada de revocaciones apunta específicamente a quienes usaron visas de corta duración como puerta de entrada al sistema de asilo, una práctica que Washington califica de fraude al sistema pero que los solicitantes de asilo y sus defensores describen como el único camino disponible para quienes huyen de persecución en países de los que no pueden obtener visas de refugio directamente.
La revocación de hasta 200.000 visas implica que sus titulares perderán el estatus legal en Estados Unidos y podrían quedar sujetos a deportación, incluso en casos donde el trámite de asilo está pendiente de resolución. Las organizaciones de derechos humanos advirtieron que la medida mezcla en un mismo paquete casos de personas que genuinamente buscan protección con otros de quienes abusaron del sistema, y que la aplicación masiva sin revisión caso por caso puede derivar en la devolución de personas a países donde enfrentan persecución real.
