La Asamblea Nacional de Francia aprobó por 291 votos a favor y 241 en contra la primera ley sobre muerte asistida del país, reservada a pacientes con enfermedades graves e incurables en fase avanzada o terminal cuyo sufrimiento físico o psicológico sea constante, insoportable o refractario a los tratamientos. Con la aprobación de la cámara baja, Francia se suma al grupo relativamente reducido de Estados que reconocen este derecho, entre ellos Bélgica, los Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay —que aprobó su propio marco el año pasado. El presidente Emmanuel Macron celebró el resultado en X, describiendo la norma como fruto de "la escucha, el diálogo y el debate" y señalando que cumple el compromiso que adquirió en 2022 de abrir el debate sobre el final de la vida. Los términos "suicidio asistido" y "eutanasia" no aparecen en el texto, una decisión deliberada para encontrar un léxico consensuado en un tema que divide especialmente dentro de la comunidad médica.
La ley establece cinco criterios acumulativos para acceder a la ayuda para morir: ser mayor de edad, tener nacionalidad francesa o residencia estable y regular en el país, padecer una enfermedad grave e incurable que ponga en peligro la vida y se encuentre en fase avanzada, presentar un sufrimiento que sea "refractario a los tratamientos o insoportable", y ser capaz de manifestar la voluntad de manera libre e informada. El paciente dispone de un plazo mínimo de reflexión de dos días para confirmar su decisión al médico, quien debe emitir su respuesta motivada en un plazo máximo de 15 días. Se establece además una cláusula de conciencia para los profesionales de la salud que se nieguen a participar en el procedimiento. Los opositores al texto cuestionaron que el plazo de reflexión sea demasiado corto y expresaron su preocupación por una posible "banalización del acto" impuesta al cuerpo médico.
La aprobación no cierra sin embargo el debate: el primer ministro Sébastien Lecornu anunció que recurrirá al Consejo Constitucional para que la ley pueda aplicarse "en pleno respeto de los principios que garantiza nuestra Constitución y, en particular, de la dignidad humana", abriendo una fase de revisión que podría modificar o condicionar su implementación. La norma llega en un contexto de envejecimiento acelerado de la población francesa y aumento de pacientes con enfermedades crónicas, factores que alimentaron durante años el debate sobre la atención al final de la vida. Hasta ahora, la Ley Leonetti de 2005 prohibía la eutanasia activa y solo autorizaba a los pacientes a rechazar tratamientos considerados una "obstinación irrazonable", una limitación que sus críticos consideraban insuficiente ante el sufrimiento de quienes pedían más control sobre su propio final.
