El gobierno de Francia formalizó la implementación de toques de queda parciales en diversas urbes del país tras una de las jornadas de violencia urbana más graves de los últimos años, que dejó un balance preliminar de más de 2.400 personas detenidas y casi un millar de policías y gendarmes heridos. La decisión fue adoptada por el primer ministro Sébastien Lecornu al término de un comité de crisis interministerial, en el cual instruyó a los prefectos departamentales a coordinar con las autoridades locales los perímetros de restricción de la circulación nocturna.
La medida busca frenar la escalada de desmanes, saqueos y destrozos generalizados que afectaron trágicamente a centros urbanos como París, Marsella, Lyon y Limoges, donde un incendio provocado destruyó gran parte del Ayuntamiento histórico del siglo XIX.
En paralelo al endurecimiento de los controles internos y la apertura de investigaciones judiciales sobre los grupos radicalizados y de ultraizquierda que coparon las protestas contra el costo de vida, el presidente Emmanuel Macron inició una gira oficial por el Golfo Pérsico —con escalas previstas en Kuwait, Baréin y Qatar— para garantizar la diversificación y el suministro de combustibles.
El viaje de Macron busca mitigar el impacto de la crisis energética y estabilizar los precios de la gasolina en medio de un escenario de alta tensión social a seis meses de las elecciones presidenciales. Mientras la oposición política cuestiona duramente la capacidad de respuesta del Ejecutivo y los alcaldes reclaman asistencia financiera urgente para la reconstrucción, el Gobierno intenta recuperar el control institucional frente al descontento generalizado de estudiantes y sectores sindicales.
