El Consejo de Ministros de Italia aprobó un decreto-ley que impone un tope del 30 % por aula para estudiantes extranjeros con escaso conocimiento del idioma italiano y prohíbe el ingreso a centros educativos portando vestimentas que cubran el rostro, como el burka y el niqab. La normativa, impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni, establece que las restricciones se aplicarán formalmente a partir del curso escolar 2027-2028 en el nivel primario, buscando evitar —según el Ejecutivo— la conformación de aulas segregadas y garantizando recursos adicionales para la enseñanza de la lengua oficial.
La disposición fija además la prohibición general de enmascaramiento en recintos escolares, impidiendo la asistencia con cascos o mascarillas de protección biológica salvo por motivos de salud acreditados. El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, remarcó que no se permitirá el acceso a los trayectos formativos a quienes pretendan concurrir con prendas que impidan la identificación, advirtiendo que el incumplimiento del deber escolar por estos motivos conllevará sanciones legales para los tutores. En caso de superar la cuota fijada por aula, el sistema público dispondrá cursos obligatorios y gratuitos de nivelación lingüística tanto para los alumnos como para sus familias.
La medida generó un inmediato rechazo de la oposición de centroizquierda, que calificó el decreto como un instrumento ideológico para desviar la atención de los problemas estructurales de la educación pública. Diversos analistas políticos atribuyeron la iniciativa a un intento del oficialismo por frenar el ascenso en las encuestas de la formación derechista rival Futuro Nazionale, liderada por el exgeneral Roberto Vannacci, cuya plataforma promueve la deportación de inmigrantes y señala la influencia islámica en el ámbito educativo de cara a las elecciones del próximo año.
