La Organización Mundial de la Salud declaró el pasado domingo que el brote de ébola en la República Democrática del Congo constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, el máximo nivel de alerta del organismo, tras confirmarse 131 muertes y 513 casos sospechosos. El ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba, aclaró que las cifras de fallecidos son aún "sospechosas" y están siendo investigadas para determinar cuáles están efectivamente vinculadas al virus, pero la velocidad de propagación del brote —detectado por primera vez el viernes pasado— generó una alarma inmediata. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que persiste un "alto riesgo regional" y convocó al comité de emergencias del organismo para evaluar la situación y emitir recomendaciones.
El elemento que más preocupa a los especialistas es la cepa involucrada: el virus Bundibugyo, una variante poco común del ébola para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados. A diferencia de la cepa Zaire —la más conocida, para la que sí hay herramientas terapéuticas— el Bundibugyo exige concentrar todos los esfuerzos en la contención y la atención de soporte clínico. Su tasa de letalidad ronda entre el 36% y el 40%, y los casos confirmados ya se extendieron a varias ciudades del este del Congo, incluyendo Bunia, Goma, Mongbwalu, Butembo y Nyakunde, además de registrarse casos en Kampala, la capital de Uganda. Es solo la tercera vez en la historia que se identifica el virus Bundibugyo, lo que limita la experiencia acumulada para combatirlo.
El escenario geográfico agrava el cuadro sanitario. El brote se desarrolla principalmente en la provincia de Ituri, una región marcada por el conflicto armado, la infraestructura sanitaria débil y la alta movilidad poblacional, factores que dificultan el rastreo de contactos y el aislamiento de casos. La coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras, Trish Newport, advirtió que "el número de casos y muertes en poco tiempo, sumado a la propagación en varias zonas sanitarias y ahora al otro lado de la frontera, es sumamente preocupante". La OMS desaconseja el cierre de fronteras —que podría generar ocultamiento de síntomas— y apuesta por reforzar la vigilancia epidemiológica, el aislamiento inmediato de casos y el monitoreo de contactos durante 21 días. La última vez que el organismo activó este nivel de alerta fue durante la pandemia de COVID-19.
