El candidato de derecha Roberto Sánchez aventajaba a Keiko Fujimori por un margen de apenas 0,13 puntos porcentuales —50,066% contra 49,934%— con más del 95% de las actas escrutadas en el balotaje peruano del domingo, en el resultado más ajustado desde la elección de 2021 que separó a Castillo de Fujimori por apenas 0,6%. La Oficina Nacional de Procesos Electorales avanzaba en el procesamiento de todas las actas, pero más de 1.500 de ellas fueron observadas por inconsistencias y deberán recorrer un complejo camino judicial antes de ser contabilizadas. A ese factor se suma el voto en el exterior, aún en procesamiento: ambos elementos podrían resultar decisivos para una definición que, con esa diferencia, equivale a decenas de miles de votos sobre un padrón de 27 millones de electores.
El empate técnico instaló de inmediato el debate sobre la gobernabilidad. El politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Alejandro Mejía, advirtió que el primer mensaje que deben dar los candidatos es "enarbolar las banderas de la gobernabilidad" y recordó la experiencia del gobierno de Castillo, hoy en prisión: "Estuvo marcado por la inestabilidad, que habría podido evitarse si hubiera tenido tacto político para escuchar al segundo lugar". Mejía sostuvo que sea quien sea el ganador, deberá convocar a las fuerzas del perdedor a una "agenda pública de ancha base", porque ambos candidatos representan mitades casi exactas de un electorado profundamente dividido.
El politólogo Eduardo Dargent, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aportó una lectura más estructural sobre las chances de cada uno en el Congreso: Sánchez tiene aliados suficientes para resistir vacancias fáciles, pero es más vulnerable al desgaste político en el largo plazo; Fujimori tiene mayor control legislativo, aunque eso podría convertirse en un arma de doble filo si deriva en persecución de opositores. Perú deberá tener presidente electo confirmado antes del 28 de julio, fecha constitucional de asunción, en un país que acumula ocho mandatarios en una década y que mira esta elección como la última oportunidad de terminar con una turbulencia política que agota a su sociedad civil.
