El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto de emergencia económica en Colombia como respuesta al terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, en un reconocimiento explícito de que los instrumentos ordinarios del Estado son insuficientes para financiar la reconstrucción.
"En condiciones financieras normales, buena parte de los efectos inmediatos de una tragedia de esta magnitud podrían enfrentarse usando los instrumentos ordinarios del Estado y ampliando apropiaciones al Presupuesto General de la Nación, pero Colombia enfrenta una realidad fiscal extraordinariamente difícil", admitió el mandatario al explicar los alcances de la norma.
El decreto habilita mecanismos extraordinarios de gasto para reconstruir viviendas, comercios e infraestructura pública esencial como escuelas y hospitales, en un país cuyas finanzas ya estaban bajo presión antes del sismo. El balance actualizado por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres eleva los muertos a 319, con 4.469 heridos y 260 personas aún desaparecidas bajo los escombros.
La dimensión material de la catástrofe justifica la declaración de emergencia: 302 edificios colapsados, 30.803 viviendas destruidas y 151.995 averiadas, con 151.433 familias y 272.830 personas afectadas en los territorios impactados. El epicentro en San José del Palmar, Chocó, fue la zona más devastada, pero los efectos del sismo se extendieron a Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y otros departamentos del occidente colombiano, con 5 aeropuertos, 432 vías, 97 acueductos y miles de centros educativos, de salud y comunitarios comprometidos.
La declaración de emergencia económica permite al gobierno acceder a recursos extraordinarios y modificar el presupuesto sin pasar por el trámite legislativo ordinario, una herramienta que De la Espriella necesita con urgencia dado que la reconstrucción a esta escala puede demandar decenas de miles de millones de pesos.
El decreto llega en el décimo día de un gobierno que llegó al poder el 7 de agosto y que enfrenta simultáneamente la mayor catástrofe natural en la historia reciente de Colombia, una situación fiscal "extraordinariamente difícil" heredada de la gestión anterior y la presión de un electorado que lo eligió por menos de un punto de diferencia y que espera resultados concretos.
Para De la Espriella, que prometió eficiencia y mano firme, la emergencia económica es a la vez una necesidad técnica y un acto político: reconocer abiertamente las limitaciones fiscales del Estado mientras asume el liderazgo de la reconstrucción es la única manera de gestionar expectativas en un país donde 319 personas murieron, 30.000 familias perdieron sus hogares y la solidaridad internacional —con más de 220 toneladas de ayuda llegadas al país— no alcanza para cubrir la magnitud del daño.
