El canciller Pablo Quirno salió a desmentir las acusaciones del expresidente boliviano Evo Morales, quien había denunciado una supuesta colaboración militar y el envío de elementos antidisturbios por parte del gobierno de Javier Milei para reprimir las manifestaciones sociales en Bolivia. En declaraciones radiales, Quirno aclaró que el despliegue logístico argentino consistió exclusivamente en el traslado de alimentos: "La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales", precisó el ministro, quien aprovechó la ocasión para calificar a los sectores que promueven las protestas como parte de "lo que es el eje del mal".
El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, agradeció públicamente la asistencia del gobierno de Milei y elevó el tono contra Morales al anunciar que el Palacio Quemado recurrirá a los tribunales internacionales para frenar al expresidente, que se encuentra prófugo con causas judiciales pendientes. "Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable, que es el del expresidente Evo Morales. Eso es sedición, el daño al orden público, las acciones que se están tomando, tres muertos por los bloqueos ya por haberse negado a prestar incluso asistencia humanitaria. Eso es terrorismo de Estado", afirmó Aramayo, en una de las declaraciones más duras que un funcionario boliviano haya realizado contra el líder cocalero.
Quirno también confirmó la existencia de un bloque regional que respalda la institucionalidad en Bolivia, integrado por Argentina junto a Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. El episodio se inscribe en una crisis profunda que combina colapso económico y conflictividad social creciente: los bloqueos de rutas promovidos por agrupaciones campesinas alineadas con Morales, que exigen la dimisión del presidente Rodrigo Paz Pereira, se agudizaron con notable violencia durante las primeras semanas de mayo y dejaron ya tres muertos. La declaración de rebeldía y la orden de captura contra Morales emitidas por un tribunal de Tarija la semana pasada por cargos de trata agravada de personas añaden una dimensión judicial a una crisis que tiene cada vez más aristas y menos salidas a la vista.
