Suiza se convierte este domingo en el primer país del mundo que podría votar a favor de limitar constitucionalmente su población, en un referéndum impulsado por el Partido Popular Suizo —la formación de extrema derecha que lidera las encuestas con el 30% de los escaños parlamentarios— que propone fijar en 10 millones el techo demográfico del país, actualmente en 9,1 millones de habitantes. Los sondeos muestran un empate técnico que hace imposible anticipar el resultado. De aprobarse, la iniciativa obligaría al gobierno a alcanzar los 9,5 millones en 2035 mediante el endurecimiento de la política migratoria, la restricción del derecho de asilo y la revisión de todos los acuerdos internacionales; y si la población superara el límite de 10 millones en algún momento, Suiza debería suspender el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, que permite a los ciudadanos de los 27 países del bloque residir y trabajar en el país. De los 9,1 millones de residentes actuales, 1,5 millones son nacionales europeos.
Las consecuencias de un "sí" serían de enorme magnitud. Romper el acuerdo de libre circulación pondría en riesgo el acceso de Suiza al mercado común europeo sin aranceles ni cuotas, uno de los pilares de su prosperidad económica. La mayor asociación de empresas del país calificó la propuesta de "iniciativa del caos" y advirtió que Suiza "seguirá dependiendo de mano de obra extranjera en el futuro". El propio gobierno rechaza el plan y advirtió que un voto afirmativo "aislará al país". Paradójicamente, la extrema derecha no vende la iniciativa únicamente como una medida migratoria sino como una cuestión ambiental, argumentando que la presión demográfica destruye el entorno natural suizo, en una estrategia retórica que le permite capturar votantes más allá de su base habitual.
El debate refleja tensiones reales en una sociedad que creció un 23% en población desde principios de siglo, con trenes llenos, vivienda escasa y una transformación acelerada del paisaje urbano que genera malestar en sectores amplios de la población. Sin embargo, el 41% de los residentes mayores de 15 años tiene origen migrante, y la OCDE califica los resultados de integración suizos como "buenos en comparación con otros países". Entre los entrevistados por este medio aparecen posiciones encontradas que reflejan la división del voto: quienes ven en los inmigrantes la mano de obra que sostiene hospitales y empresas, y quienes sienten que "ya no están en casa". Es esa fractura, alimentada durante décadas por el SVP con referéndums periódicos sobre migración, la que podría convertir a Suiza este domingo en el primer país del mundo en constitucionalizar un límite a su propia población.
