Una jornada de absoluto terror sacudió a la provincia de Nonthaburi, al noroeste de Bangkok, Tailandia, cuando un estudiante de 14 años desató una matanza que dejó un saldo de ocho fallecidos y decenas de heridos. La tragedia comenzó en la vivienda familiar, donde el menor asesinó a balazos a sus abuelos de 73 y 74 años antes de dirigirse armado a la escuela secundaria Debsirin Nonthaburi. Hacia las diez de la mañana, el adolescente irrumpió en las instalaciones y abrió fuego de forma metódica contra el personal docente, provocando la muerte de cinco profesores y desatando el pánico masivo entre más de 3.000 alumnos que intentaban huir desesperadamente del recinto. Tras sostener el ataque durante casi una hora, el agresor se disparó en la cabeza con la misma arma y falleció posteriormente mientras era trasladado al hospital.
La reconstrucción policial reveló que el menor utilizó una pistola de nueve milímetros registrada legalmente a nombre de su abuelo, ejecutando al menos 26 disparos dirigidos con precisión hacia zonas vitales de las víctimas. A pesar de que las autoridades no han determinado un móvil definitivo, el primer ministro Anutin Charnvirakul señaló que la principal hipótesis apunta a una severa situación de "estrés por los estudios", aunque remarcó que la masacre exhibió una planificación previa con pasos y objetivos claros. Sorprendidos por el ataque, profesores y compañeros describieron al joven como un buen alumno, integrado y sin antecedentes violentos conocidos, lo que añade desconcierto a la investigación sobre cómo un estudiante con buen rendimiento derivó en semejante brote sangriento.
El fatídico episodio deja además a más de 30 personas heridas —nueve de ellas en estado grave y varias con lesiones causadas durante la caótica evacuación— y se posiciona como la peor matanza escolar en Tailandia desde 2022. La tragedia ha reavivado de inmediato el intenso debate político sobre el control de armamento en un país que, a pesar de sus regulaciones formales, registra una de las tasas de posesión de armas de fuego en manos civiles más altas del sudeste asiático. Ante el dolor de las familias golpeadas, las fuerzas políticas del país han vuelto a exigir revisiones urgentes en los protocolos de custodia, seguridad escolar y acceso a licencias para evitar que armas familiares terminen nuevamente en manos de menores.
