Jubilaciones de privilegio a un paso de desaparecer

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves el proyecto de Ley que prevé la reforma de las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, con 128 votos, y dos abstenciones anticipadas, que fueron las de los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá. Con esta media sanción, el proyecto pasará al Senado de la Nación para su tratamiento.

El oficialismo logró el quorum con la presencia de Daniel Scioli, quien ya tiene su pliego como embajador en Brasil aprobado por el Senado. Sin embargo, reglamentariamente no oficializó su renuncia como diputado nacional, aún no tiene reemplazo. A pesar de esta doble función simultánea, estaría dentro del marco legal, pero ¿Es legítimo el accionar de Scioli quien además reconoció haber realizado gestiones ya como embajador?

La oposición bajó al recinto para reclamar por la presencia del ex gobernador, y entre griteríos amenazó con judicializar la sesión. De todas maneras, y con lo justo, el proyecto obtuvo media sanción para modificar el régimen jubilatorio en tres aspectos centrales: llevar la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años para los hombres, subir del 12 por ciento actual al 18 el aporte; y que la jubilación de los magistrados sea equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir, de los últimos diez años, con una fórmula que no se especifica en el proyecto.

Mientras tanto, cerca de 2.000 empleados y funcionarios judiciales se movilizaron al Palacio de Tribunales en repudio de la medida. Julio Piumato, secretario general del gremio, indicó allí que: “Las jubilaciones no son de privilegio, son derechos”, y que la iniciativa afecta especialmente a los empleados judiciales. Criticó que no fueron escuchados en el Congreso Nacional y señaló que el Gobierno quiere enfrentarlos al resto de la sociedad.

“La culpa de que el mínimo de una jubilación sea de 13 mil pesos no es de los judiciales, el 82% móvil debe ser para todos los jubilados”, señaló.

Hubo empleados desde los cargos más bajos y funcionarios con el rango de secretario, la instancia inferior al juez, hasta personal de maestranza. No hubo jueces, porque ellos no pueden convocar a paros.