Fernández pidió una justicia que no se use por riñas políticas

"Sólo busco hacer la República que todos declaman, pero algunos humillaron", expresó el Presidente, al encabezar el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco; y el futuro consejo asesor de las reformas judiciales. Tras un repaso histórico sobre el vínculo entre la justicia y los gobiernos que lo precedieron, desde la última dictadura militar, Fernández advirtió que los cuatro años de la gestión de Cambiemos "estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho".

A modo de ejemplo, mencionó el decreto 257 de Mauricio Macri, que suspendió la modificación del Código Procesal Penal Federal, y el hecho de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "volvió a quedar bajo un manto de sospecha" con el permiso que se le otorgó para manejar "fondos reservados" y "participar de pesquisas judiciales".

"Hemos visto cómo el influjo del poder político y también de otros poderes, fue operando sobre la decisión de algunos jueces", planteó. "Se hizo uso de doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas; de esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados", remarcó el Presidente.

Consideró, en contraposición, que el sistema judicial "debe apegarse a las normas y abstraerse de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia" y, para eso, juzgó que "el poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión".

El proyecto presentado tiene como columna vertebral la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Propone también la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías y completar la transferencia de competencias penales a la Capital Federal.

Del acto participaron también los once miembros del Consejo Consultivo: Carlos Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo (por videoconferencia), Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanián, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo. Los 11 juristas asesorarán al Presidente en varios aspectos del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la implementación del sistema acusatorio, entre otros. De esas recomendaciones para una "mejor administración de justicia" saldrán los proyectos de ley que el Congreso deberá debatir, explicó el Presidente.