PANDEMIA

Hasta fin de año no podrán cortar servicios públicos impagos

El gobierno prorrogó la medida de excepción hasta el 31 de diciembre. Incluye telefonía móvil y TV paga.
domingo, 20 de septiembre de 2020 · 18:55

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre la prohibición de cortar servicios públicos por falta de pago. La nueva medida también amplía de seis a siete la cantidad de facturas impagas que pueden tener los usuarios de los servicios de energía eléctrica, gas, agua, telefonía fija o móvil e internet y TV paga.

Del mismo modo, se extiende también hasta fin de año la obligación de las empresas de telefonía fija o móvil, internet y TV paga de mantener un servicio reducido en caso de falta de pago. 

La norma, de acuerdo con los fundamentos del decreto que la dispuso, pretende “garantizar –en el marco de esta emergencia– el acceso a esos servicios, los que constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales (tales como a la salud, a la educación o la alimentación)”.

La medida alcanza a beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, a quienes perciban Pensiones no Contributivas y tengan ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), a usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, a jubilados; pensionados, y trabajadores y en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos.

También abarca a monotributistas de categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos salarios mínimos, a usuarios que perciben seguro de desempleo, personas electrodependientes, a quienes estén dentro del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y a exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Además, se benefician de esta medida las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) afectadas en la emergencia, las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en INAES, las instituciones de salud, públicas y privadas, y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos.

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