El Gobierno nacional, a través de una resolución firmada por la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, avanzó con el freno a la apertura de cinco universidades aprobadas por ley el año pasado. Se inició un proceso de revisión que podría resultar en su eventual eliminación. La medida afecta a las universidades del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y la de las Madres de Plaza de Mayo. Además, implica la suspensión de nombramientos de cinco rectores normalizadores y la recuperación del presupuesto girado sin control por el gobierno anterior.
Según lo establecido en el documento, la medida de detener las aperturas y someterlas a revisión tiene como objetivo principal determinar si se cumplió adecuadamente el procedimiento administrativo requerido por la Ley de Educación Superior para la creación de nuevas universidades. Esto implica verificar si se cumplieron las condiciones establecidas y si están debidamente documentadas, así como evaluar la pertinencia, oportunidad y disponibilidad del presupuesto necesario, respaldado por un estudio de factibilidad.
Además, se señala que esta medida busca evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas, garantizando así que la oferta educativa cumpla con los estándares de calidad y pertinencia requeridos.
En la Casa Rosada, se expresaron con firmeza al referirse a los nuevos centros educativos como "universidades fantasmas" y "curros de la política". Se hizo hincapié en que cada una de estas instituciones "tiene un nombre", sugiriendo que están vinculadas a intereses políticos específicos. Por ejemplo, se mencionó al senador Martín Lousteau, quien votó a favor, y a Sergio Massa. “Les paramos las universidades a los radicales y los kirchneristas”, declararon fuentes del oficialismo.