El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por Javier Milei busca desregular la economía a través de la modificación o derogación de más de 300 leyes. Una de las modificaciones afecta el artículo sobre Servicios Esenciales de la Ley N°25.877, que regula el Régimen Laboral. En este contexto, la educación se establece como un servicio esencial.
El núcleo del artículo 24° de la Ley de Servicios Esenciales, modificado por el reciente DNU, establece que en caso de un conflicto laboral, si una de las partes decide tomar medidas de acción directa que afecten actividades consideradas como servicios esenciales, está obligada por ley a asegurar la prestación de servicios mínimos para evitar la interrupción. Esto implica que, en caso de una huelga de trabajadores esenciales, la ley exige que se mantenga una guardia mínima del 75% para garantizar la continuidad del servicio.
Antes del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, los servicios esenciales incluían áreas como la salud, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y el control del tráfico aéreo. Con el nuevo DNU, se amplía significativamente la categoría de servicios esenciales, introduciendo una nueva denominación de "importancia trascendental". Esta categoría abarca prácticamente todos los sectores, incluyendo la educación en sus distintos niveles, así como la educación especial.
"En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare", sostiene la modificación del DNU. Mientras que, las actividades o servicios considerados de importancia trascendental, "en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al CINCUENTA POR CIENTO (50%)".
La educación de nivel inicial, primaria y secundaria son las que, entre otras actividades, se incorporan al régimen de servicios esenciales con el DNU. Por lo tanto, en caso de un paro de trabajadores de la educación para reclamar por salarios y/o condiciones laborales, las escuelas y los jardines deberán garantizar la prestación del 75% del servicio. Es decir, que solo el 25% de los docentes y celadores podrán hacer huelga.