La nueva política migratoria argentina promete cambiarlo todo: limita el acceso de extranjeros a servicios clave como la salud pública y la universidad, y al mismo tiempo refuerza las dificultades que ya enfrentan los nativos para acceder a esos mismos derechos.
Este jueves, el Gobierno nacional oficializó a través del DNU 366/2025 un profundo cambio en la Ley de Migraciones. Alineado con la política de “prioridad nacional” y en sintonía con leyes más restrictivas aplicadas en Europa y Estados Unidos, el decreto endurece los requisitos para permanecer en el país, estudiar, recibir atención médica e incluso nacionalizarse.
Los cambios llegan en un contexto de creciente malestar por el deterioro de los servicios públicos, la saturación de hospitales y las limitaciones presupuestarias del sistema educativo. Pero también deja en evidencia una paradoja: cada vez es más difícil para un argentino acceder a salud o universidad gratuita, y ahora será aún más difícil para los migrantes.
Salud pública: aranceles y seguros para quienes no tengan residencia
Uno de los puntos más sensibles del nuevo DNU es el acceso al sistema de salud. Solo los extranjeros con residencia permanente podrán acceder gratuitamente, en igualdad de condiciones con los ciudadanos. Quienes estén en situación irregular deberán presentar un seguro médico o pagar por adelantado, excepto en casos de emergencia.
El cambio marca un giro drástico respecto al principio que regía hasta ahora: atención gratuita para toda persona dentro del territorio nacional, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.
Universidades públicas: ya no serán gratuitas para todos
También se modificó el artículo 7 de la ley para permitir que las universidades públicas cobren aranceles a estudiantes extranjeros que no cuenten con ciudadanía o residencia permanente.
Si bien la educación inicial, primaria y secundaria seguirá siendo gratuita, este cambio impactará de lleno en miles de jóvenes latinoamericanos que eligen Argentina para formarse en carreras universitarias sin costo. Ahora, incluso tener DNI no garantizará el acceso libre y gratuito si no hay residencia legal acreditada.
Nacionalidad argentina: más requisitos, menos excepciones
Hasta ahora, era posible obtener la ciudadanía tras dos años de residencia legal continua, con excepciones si se demostraban aportes relevantes al país, como prestar servicios o invertir. Desde ahora, esas excepciones desaparecen.
El nuevo decreto exige una residencia legal sin interrupciones ni salidas del país, y en algunos casos, una inversión económica significativa. Además, la residencia precaria se reduce de 180 a solo 90 días, lo que acorta los tiempos para regularizar la situación de muchos migrantes.
Expulsiones inmediatas y controles más duros
El DNU también habilita la deportación inmediata de personas que ingresen de manera irregular, sin necesidad de un proceso judicial. Esto se aplica incluso si la persona es detectada infraganti en un paso fronterizo.
Además, se acortan los plazos administrativos para expulsar a quienes estén en situación irregular o hayan sido condenados por delitos.
El argumento oficial: el endurecimiento migratorio responde a un "flujo creciente" por las políticas de expulsión en otros países, lo que —según el texto oficial— podría saturar los servicios públicos argentinos.
¿Y ahora qué?
Los cambios ya están en vigor, pero podrían ser judicializados por organismos de derechos humanos y desafiados en el Congreso, donde legisladores de la oposición advirtieron sobre una posible violación de derechos constitucionales.
En un país con hospitales colapsados, universidades desfinanciadas y miles de argentinos que ya no acceden a servicios esenciales, el nuevo decreto abre un debate urgente: ¿a quién debe priorizar el Estado? Y ¿cuál es el límite entre el control migratorio y el derecho humano?