Una nueva resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación desató fuerte polémica. La ministra Patricia Bullrich firmó este martes el Decreto 383/2025 que autoriza a la Policía Federal Argentina (PFA) a llevar adelante tareas de ciberpatrullaje en redes sociales abiertas, así como requisas personales y de vehículos sin orden judicial, con el objetivo de “prevenir delitos federales complejos” y proteger “la seguridad del Estado Nacional”.
La medida, publicada en el Boletín Oficial y avalada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, representa una de las reformas más profundas y controvertidas en materia de seguridad desde el regreso de la democracia. La normativa busca alinear las prácticas de la Federal con los estándares del FBI estadounidense, aunque organismos de derechos humanos, juristas y exfuncionarios advierten que se trata de una avanzada contra las libertades individuales.
Ciberpatrullaje sin control judicial
Según el decreto, la Policía podrá “realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales”, incluyendo redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes accesibles, sin necesidad de orden judicial. Aunque se menciona el respeto por la privacidad y la libertad de expresión, el antecedente de 2016, bajo el mismo mando de Bullrich, genera preocupación en diversos sectores.
Uno de los casos más recordados fue el de Nicolás Lucero, detenido por publicar una frase en Twitter tomada de una canción de cancha. Aunque la causa fue cerrada en 2018, se utilizó el posteo como justificación para abrir un expediente por intimidación pública. Hoy, esa lógica podría extenderse aún más bajo el paraguas de este nuevo decreto.
Requisas sin orden: la calle como zona gris
El nuevo régimen autoriza revisar personas, pertenencias, vehículos, embarcaciones y aeronaves sin la intervención de un juez, siempre que se alegue una sospecha razonable o riesgo de pérdida de pruebas. La Policía también podrá actuar “de manera espontánea” ante delitos flagrantes, pero a requerimiento del Ministerio de Seguridad.
Para la exministra Sabina Frederic, esto implica “habilitar comportamientos fuera de lo admitido constitucionalmente”. “No esperar la orden judicial es una arbitrariedad pura”, declaró, al tiempo que alertó sobre el margen de discrecionalidad que se abre para intervenir en marchas, reuniones partidarias y otros espacios públicos.
¿Cambio de régimen?
La abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), definió la medida como “un verdadero cambio de régimen”. “Murieron las libertades democráticas”, sostuvo. Para Verdú, este decreto abre las puertas a prácticas de inteligencia encubierta, represión preventiva y armado de causas, particularmente en contextos de protesta social.
Además, remarcó la incorporación del concepto de intervención “espontánea” ante delitos, que según su visión habilita intervenciones políticas directas bajo orden del Ministerio, sin necesidad de que haya flagrancia ni denuncia previa.
Más reformas sin Congreso
Como ya sucedió con otros cambios estructurales del gobierno libertario, esta reforma se impuso por DNU, sin pasar por el Congreso. El decreto también incluye modificaciones al sistema de escalafones y al ingreso de personal, que buscarán reemplazar progresivamente a los suboficiales por personal universitario. No obstante, fuentes dentro de la propia fuerza habrían manifestado malestar, tanto por la falta de participación interna como por condiciones salariales.
Uno de los puntos más cuestionados es la ambigüedad entre “inteligencia criminal” e “investigación criminal”, que según Frederic puede derivar en abusos. “No queda claro qué herramientas están autorizadas ni qué controles habrá”, advirtió.
En definitiva, el decreto reactiva viejos fantasmas: vigilancia sin control, persecución digital, requisas sin garantías. Y todo, bajo la excusa de combatir el delito.