El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió la cesantía de Federico Vincent, quien hasta hace pocos días ocupaba la Subadministración General y la Dirección de Recursos Humanos del organismo. La decisión se tomó luego de una investigación interna que reveló que el funcionario cobraba un salario equivalente al de un juez nacional y modificó en su favor el porcentaje de descuento jubilatorio, lo que generó un perjuicio económico millonario para el Estado.
Según informaron fuentes judiciales a medios nacionales, Vincent fue removido tras la finalización de un sumario administrativo abierto en 2023. La investigación estuvo a cargo de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, presidida por Sebastián Amerio, representante del Poder Ejecutivo y actual viceministro de Justicia. La cesantía fue aprobada por unanimidad de los integrantes de la comisión.
Vincent tenía a su cargo la administración de los sueldos, liquidaciones y personal de todo el Poder Judicial de la Nación, lo que le otorgaba un manejo sensible de las finanzas del sector. El Cuerpo de Auditores detectó múltiples irregularidades, incluyendo seis informes que dieron lugar a distintas denuncias internas.
Uno de los puntos más graves del sumario señala que ordenó unilateralmente reducir su propio aporte jubilatorio: pasó del 18% obligatorio para funcionarios judiciales al 11%, con un tope, sin dictamen jurídico ni procedimiento administrativo válido. Esa maniobra, según el informe final, le generó un incremento de $6.932.807 en su salario final, hasta mayo de 2024.
Otra irregularidad documentada fue el cobro indebido de un suplemento del 33% por “subrogancia”, como si ejerciera funciones de juez nacional. Lo hizo desde marzo de 2020 hasta febrero de 2024, primero como Director General de Recursos Humanos y luego como Secretario Letrado de la Corte Suprema, aunque nunca tuvo el cargo ni una disposición que avalara ese pago adicional.
La defensa de Vincent estuvo a cargo del abogado José Manuel Ubeira, conocido por representar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en causas judiciales. Sin embargo, las pruebas reunidas fueron contundentes y derivaron en la expulsión del funcionario, una de las sanciones más severas dentro del organismo.