La crisis sanitaria provocada por la distribución de fentanilo clínico contaminado sigue agravándose en Argentina. A la fecha, ya se contabilizan 34 personas fallecidas tras recibir este potente analgésico infectado con bacterias peligrosas. El brote encendió las alarmas del sistema de salud nacional y provocó una investigación judicial sin precedentes, que involucra a dos laboratorios: HLB Pharma Group y su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo.
Una cadena letal: del quirófano al brote
La historia comenzó a principios de mayo, cuando varios hospitales reportaron infecciones inusuales en pacientes a los que se les había suministrado fentanilo inyectable. A partir de ahí, el Instituto Malbrán y la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) detectaron la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en muestras de sangre de pacientes y en ampollas del medicamento. Ambas bacterias pueden causar infecciones respiratorias graves y septicemias en pacientes vulnerables.
La alerta inicial abarcaba un solo lote del fármaco (31202), pero con el avance de la investigación se descubrió que al menos tres lotes podrían estar contaminados. Esto obligó a la ANMAT a extender la orden de recuperación y “cuarentena” del producto a nivel nacional.
Los hospitales afectados y el drama en cifras
El último informe técnico del Instituto Malbrán reveló que nueve hospitales y clínicas de distintas provincias reportaron casos asociados al brote. Entre ellos figuran:
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Hospital Italiano de La Plata: con al menos 13 casos confirmados y 15 fallecidos.
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Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (Santa Fe): 12 casos, 10 confirmados.
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Hospital Dr. José María Cullen (Santa Fe): 2 casos confirmados.
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Hospital Italiano de Rosario (Santa Fe): 3 casos, uno no vinculado al brote.
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Sanatorio Dupuytren (CABA): 2 casos, con presencia de superbacterias resistentes.
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Hospital Interzonal Dr. Alejandro Korn (Buenos Aires): 1 caso confirmado.
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Hospital Zonal San Roque (Buenos Aires): 1 caso en estudio.
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Sanatorio Parque (Santa Fe): 3 casos, uno no vinculado.
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Un hospital privado de Neuquén: 1 caso sospechoso en investigación.
Hasta el 23 de mayo, el Ministerio de Salud había confirmado 69 personas afectadas, la mayoría hombres de entre 45 y 64 años. Pero tanto las autoridades sanitarias como judiciales temen que la cifra real de infectados y fallecidos sea mayor, ya que aún hay muestras en estudio y nuevos reportes continúan ingresando.
El rol de los laboratorios: negligencia, antecedentes y vínculos
El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, clausuró los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, e inhibió todas sus actividades. Además, ordenó allanamientos en cinco distribuidoras de medicamentos y solicitó a hospitales y droguerías que informen si adquirieron el producto sospechoso y dónde fue distribuido.
Detrás de ambos laboratorios aparece el nombre de Ariel García Furfaro, un empresario con antecedentes penales —estuvo preso por lesiones a comienzos del 2000— y acusado en otra causa por estafa. Pese a sus antecedentes y a múltiples sanciones de la ANMAT por fallas en trazabilidad y controles, Furfaro logró posicionar a HLB Pharma como proveedor habitual del Estado, presuntamente gracias a sus vínculos con sectores del peronismo.
Su socio en el Laboratorio Ramallo, Jorge Salinas, también tiene un oscuro pasado: estuvo implicado en la famosa causa de la “mafia de los medicamentos”, que involucró la venta de fármacos falsificados y tráfico ilegal.
A esta trama se suma Sebastián Nanini, abogado vinculado al peronismo bonaerense, quien se presentó ante la justicia alegando haber adquirido la mayoría accionaria de HLB Pharma después de la producción del fentanilo contaminado. Su rol y el momento exacto de la compra también están bajo la lupa.
Qué se espera de la causa judicial
El expediente, que ya analiza posibles acusaciones por homicidio y suministro de sustancias peligrosas, se encuentra en una etapa crítica. El juez Kreplak ordenó que se identifique paciente por paciente para cruzar la información clínica con los lotes contaminados. Esto será clave para determinar responsabilidades penales y evaluar la cadena de negligencias que permitió que un fármaco contaminado llegara a quirófanos y salas de terapia intensiva.
La ANMAT y el Ministerio de Salud siguen trabajando para localizar todas las partidas afectadas. Pero el impacto ya está hecho: 34 personas murieron y otras decenas podrían haber quedado con secuelas irreversibles por una cadena de errores, omisiones o delitos que todavía busca responsables.
Lo que empezó como un incidente sanitario aislado se transformó en una crisis nacional que pone en evidencia las fallas de control en el sistema de producción y distribución de medicamentos en Argentina. La Justicia ahora tiene el desafío de reconstruir los hechos, establecer responsabilidades y, sobre todo, garantizar que algo así no vuelva a suceder.