El Senado de la Nación comenzó a sesionar este jueves, en un debate que promete ser candente. En el temario figura el rechazo al veto presidencial de la ley que declaró la emergencia en Discapacidad, y además se discutirá un proyecto que busca regular los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes.
La sesión está atravesada por la crisis que enfrenta el Gobierno nacional a raíz de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que salpican a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. Habrá al menos cinco cuestiones de privilegio ligadas al tema, con fuertes críticas de la oposición por las presuntas coimas y la cautelar judicial que intenta frenar la difusión de las grabaciones.
Desde el interbloque peronista, encabezado por José Mayans, había circulado la posibilidad de impulsar un pedido de interpelación a Karina Milei, aunque sin dictamen de comisión la iniciativa requeriría el aval de dos tercios del recinto, un escenario poco probable.
Otro dato relevante es que la sesión no podrá ser presidida por Victoria Villarruel, ya que queda a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Estados Unidos. En su lugar, el libertario Bartolomé Abdala conducirá la sesión desde el inicio.
La ley de emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la actualización de prestaciones para compensar la inflación acumulada desde 2023. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal oscila entre el 0,22% y 0,42% del PBI, dependiendo de la cantidad de beneficiarios.
Un punto clave es que las 200 mil contribuciones por invalidez quedarán equiparadas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, la norma obliga a saldar deudas con prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según la inflación medida por el INDEC.
De confirmarse el rechazo al veto, será un hecho de peso institucional: hace 22 años que el Congreso no insiste con una ley vetada por el Ejecutivo, desde abril de 2003.
El otro eje de la sesión es el proyecto que modifica el régimen legal de los DNU, dictámenes que Milei ha utilizado con frecuencia en estos meses para avanzar sin pasar por el Congreso.
La propuesta —que tuvo consenso en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la cordobesa Alejandra Vigo— unió a sectores del kirchnerismo, PRO, UCR y bloques provinciales, con un piso inicial de 34 votos.
El texto establece que: un DNU deberá ser aprobado por ambas cámaras en un plazo de 90 días corridos, caso contrario se considerará derogado. El rechazo de una sola cámara bastará para dejarlo sin efecto.
