El sistema financiero argentino enfrenta una creciente preocupación por una normativa que obliga a aplicar la peor calificación crediticia a todos los préstamos de un deudor si este presenta mora en al menos uno de ellos. Esta regulación, vigente desde 2018 y establecida por la Comunicación “A” 6558 del Banco Central (BCRA), genera un efecto de contagio en la calificación interna que complica la normalización de la cartera crediticia.
Según expertos y ejecutivos bancarios, la regla conocida como “efecto arrastre” establece que si un cliente acumula atrasos que representan el 40% o más de su pasivo total, todas las entidades financieras que le otorgaron créditos deben recategorizarlo como incumplidor. Pablo Curat, analista y consultor, explica que esto impide una rápida recuperación de la calificación y obliga a un proceso escalonado que demanda al menos tres meses consecutivos de pagos cumplidos para volver a la categoría más alta.
El efecto arrastre y el proceso escalonado para cumplir con los pagos
Además, en entidades de mayor tamaño, el modelo predictivo exige prever pérdidas estimadas sobre toda la vida residual del crédito cuando detecta un aumento del riesgo, lo que genera un período obligatorio de hasta doce meses antes de que un cliente pueda salir del estado de sospecha.
Esta rigidez en los criterios de clasificación está inflando artificialmente los niveles de mora y obstaculizando la colocación de nuevos préstamos, especialmente a individuos y familias, un segmento que presenta una tasa de irregularidad que cuadruplica la registrada en empresas. En un contexto donde el crédito en pesos, que había impulsado la recuperación económica durante la segunda mitad de 2024 y el inicio de 2025, se encuentra prácticamente estancado, la situación se vuelve preocupante.
El stock total de créditos otorgados por bancos ascendía a más de $97,5 billones a mediados de junio de 2025, con un crecimiento nominal del 33% en el último año, cifra que apenas iguala la inflación acumulada en el período. Sin embargo, la expansión crediticia se redujo drásticamente desde tasas interanuales superiores al 100% a mediados de 2024, hasta un crecimiento del 1,3% a fines de mayo de 2025 y una caída adicional en junio.
Ejecutivos bancarios señalan que, aunque algunos clientes tuvieron evaluaciones crediticias adecuadas, la caída de ingresos los llevó a tomar préstamos más caros de emergencia que luego no pudieron pagar. "Como ese prestador, siguiendo la norma, debió calificarlo en categoría 3 o 4, nosotros también tenemos que hacerlo", indicaron fuentes del sector.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, descartó la posibilidad de flexibilizar las normas o impulsar planes generales de refinanciación, argumentando que "normativamente, lo único que podríamos hacer es alivianar requerimientos de capital, y hoy a los bancos les sobra capital". Sin embargo, en el sector interpretan que esta postura busca evitar que las entidades sufran un impacto inmediato en sus balances por las pérdidas por incobrabilidad.
Desde el organismo monetario sostienen que, aunque la mora es alta en porcentaje, no lo es en valor absoluto, y que los bancos prefieren manejar la situación sin intervención estatal, para evitar la "mano torpe del Estado". No obstante, especialistas advierten que sin una revisión de los criterios que contagian la peor calificación a todo el portafolio de un deudor, la recuperación del crédito a familias no se logrará en el corto plazo.
Los datos recientes indican que 5,3 millones de personas tienen dificultades para cumplir con sus préstamos, equivalente al 27% de los usuarios de financiamiento, siendo los menores de 30 años los más afectados. Las tasas activas también muestran disparidades: mientras los adelantos en cuenta corriente para empresas bajaron 747 puntos básicos en lo que va del año, los préstamos personales sólo descendieron marginalmente, manteniéndose en niveles elevados debido a la alta mora.
Analistas como Guillermo Barbero, socio de First Corporate, señalan que la explosión de la mora se originó por factores sistémicos como la inflación, el aumento de tasas y encajes elevados, por lo que la solución también debe ser sistémica y contemplar una normalización progresiva para fomentar la reactivación del crédito.
En este contexto, la normativa vigente que obliga a que la peor calificación de mora se extienda a todos los préstamos del deudor es considerada una traba para la recuperación económica y la oferta crediticia, sobre todo para las familias, que concentran el 43% del total de préstamos bancarios y el mayor nivel de mora.
