Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, afirmó que la causa Vialidad contra Cristina Kirchner quedó definitivamente cerrada en el ámbito jurídico, asegurando que “no hay nada más que decir” respecto a la condena contra la expresidenta. Sus declaraciones se produjeron al cumplirse un año del fallo y en medio de un intenso debate político y movilizaciones en el país.
El magistrado explicó que desde el punto de vista legal no existen más instancias para revisar la sentencia. “Nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay nada más que decir”, sostuvo, marcando el fin del proceso judicial en esta causa que ha generado gran polémica.
Clima político tenso en el peronismo y reorganización en la conducción
El pronunciamiento de Lorenzetti coincidió con un clima político tenso, especialmente dentro del peronismo. En Parque Lezama se llevó a cabo un banderazo pidiendo la liberación de Cristina Kirchner, encabezado por dirigentes como Máximo Kirchner, quienes también solicitaron una reorganización en la conducción del espacio político. Sin embargo, algunos sectores reconocen que no existen vías judiciales activas para revertir la condena, consolidando así el cierre del caso en la justicia.
El juez aclaró que su intención no fue intervenir en la discusión política del fallo, aunque admitió la existencia de malestar entre quienes lo cuestionan. Además, defendió el papel institucional de la Corte Suprema y advirtió sobre las consecuencias negativas que genera el desprestigio del Poder Judicial en la confianza de la ciudadanía.
Más allá del caso Vialidad, el juez centró su atención en la necesidad de reformar el sistema judicial para mejorar la selección de jueces y reducir la influencia política. Criticó prácticas que favorecen el clientelismo y la discrecionalidad en los nombramientos.
En este contexto, impulsó junto a otros actores un proyecto para modernizar los concursos judiciales con el respaldo del ministro Juan Bautista Mahiques. La iniciativa propone la implementación de legajos digitales, un sistema de inscripción continua y exámenes anónimos para disminuir la incidencia política en las designaciones.
El esquema del concurso incluye
- Una evaluación inicial con 120 preguntas seleccionadas al azar de un banco de 2.000.
- Una segunda etapa de resolución de casos prácticos.
- Una entrevista pública final para los seis mejores postulantes, con calificación definitiva.
Este proyecto busca fortalecer la transparencia y la meritocracia en la Justicia, en un momento en que la confianza en las instituciones judiciales es un tema central en el debate público y político.
